A 100 días de que se hicieran públicas las acusaciones de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya y nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, el caso permanece sin detenidos, sin una acusación formal en México y con una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) que, hasta ahora, no ha presentado pruebas contra el gobernador con licencia.
La oposición califica la situación como un caso de impunidad y un trato diferenciado a miembros de Morena, mientras que la estrategia del gobierno federal se centra en que el caso del narcopolítico se desvanezca. No se habla y no se menciona para que permanezca en el olvido.
El partido fundado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) niega categóricamente las acusaciones, rechazando la protección a criminales o la tolerancia de actos fuera de la ley. Sin embargo, los hechos contradicen el discurso cuidadosamente construido por el gobierno federal para sostener su mentira y evitar que se descubra la red de corrupción y más miembros caigan.
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29 de abril: acusación en Estados Unidos
El 29 de abril, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York hizo pública una acusación contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por presunta conspiración para introducir drogas y armas a Estados Unidos.
De acuerdo con la acusación, los implicados habrían colaborado con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa, a cambio de apoyo político, protección institucional y sobornos. En el caso de Rocha Moya, los fiscales estadounidenses sostienen que habría recibido respaldo del grupo criminal para llegar a la gubernatura y que posteriormente habría permitido sus operaciones en el estado.
Licencia y apertura de investigación
Tras conocerse el caso, Rocha Moya rechazó las acusaciones y las calificó como falsas. El 1 de mayo solicitó licencia temporal al Congreso de Sinaloa para separarse del cargo y facilitar, según dijo, las investigaciones de las autoridades mexicanas. Asimismo, afirmó que permanecería en Culiacán y que estaba dispuesto a comparecer ante la FGR. El 26 de mayo acudió a declarar.
Respuesta de la FGR
El 8 de julio, la FGR informó que hasta ese momento no contaba con pruebas suficientes contra el morenista ni contra los otros nueve señalados. La institución indicó que la investigación continuaba abierta y que solicitaría al vecino país del norte mayores elementos para respaldar la petición de detención provisional con fines de extradición.
La dependencia sostuvo que la solicitud estadounidense no reunía los requisitos legales para ejecutar una detención en México. Por ello, durante estos 100 días no se ha concretado una captura ni se ha judicializado el expediente.
Información reservada y dudas
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reservó por cinco años, hasta 2031, parte de la información relacionada con las diligencias del caso, lo que genera cuestionamientos por la falta de transparencia.
Desde el primer momento, la dirigencia de Morena estableció su narrativa oficial al presentar las acusaciones como parte de una ofensiva de la oposición y de una supuesta intervención de agencias extranjeras, cerrando filas en defensa de sus figuras más controvertidas.
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