El Congreso del Estado de México analiza una iniciativa de reforma constitucional para fijar un tope máximo de 70 mil pesos mensuales a las pensiones, jubilaciones y haberes de retiro de los funcionarios públicos mexiquenses.
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¿En qué consiste la reforma constitucional para regular las remuneraciones y prestaciones de los servidores públicos del Edomex?
La propuesta busca modificar la Constitución local para unificar los tabuladores de ingresos y haberes de retiro en los tres poderes del Estado, municipios y organismos autónomos del Edomex. El diputado Maurilio Hernández González impulsó el proyecto legislativo bajo la premisa de adecuar los recursos públicos a criterios de racionalidad, proporcionalidad y sostenibilidad presupuestal.
La iniciativa del grupo parlamentario de Morena restringe los ingresos de los servidores públicos mediante estrictas directrices financieras.
- Límite a las jubilaciones: establece que ninguna pensión financiada con fondos públicos podrá superar los 70 mil pesos al mes, equivalente a la mitad del sueldo de la presidenta de la República.
- Tope salarial general: prohíbe de forma estricta que cualquier funcionario mexiquense perciba una remuneración mensual superior a la establecida para el Ejecutivo Federal.
- Esquema de crecimiento: permite que el monto del retiro se incremente únicamente mediante las aportaciones individuales y voluntarias realizadas por los propios trabajadores en sus cuentas.
¿Cómo afectará el nuevo tope a las pensiones y planes de retiro administrados por el Estado?
La legislación actual de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios permite jubilaciones de hasta 115 mil pesos mensuales. La reforma pretende recortar estos montos que considera excesivos para asegurar la viabilidad financiera de las instituciones del Edomex. Los lineamientos plantean un régimen general que impactará de forma directa a fideicomisos públicos, empresas de participación estatal y tribunales administrativos.
Los ajustes al sistema de pensiones se aplicarán de acuerdo a estas bases:
- La cobertura del decreto abarca las jubilaciones, haberes de retiro y planes complementarios de todos los niveles del servicio público independientemente de su régimen de contratación.
- El principio de igualdad elimina los tratamientos diferenciados e injustificados dentro de la administración pública para consolidar un gobierno austero y responsable.
- Las aportaciones de ahorro respetan los fondos constituidos a partir de cuotas sindicales o sistemas basados de forma exclusiva en cuentas individuales de los empleados.
La Diputación Permanente turnó el dictamen a las comisiones legislativas unidas para su análisis y votación en el pleno. Los entes públicos y los ayuntamientos dispondrán de un plazo de 90 días naturales para armonizar sus reglamentos internos y presupuestos anuales con las nuevas disposiciones vigentes.
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