El Congreso del Estado de México analiza una iniciativa de reforma para que los programas de educación obligatoria y fomento a la permanencia escolar otorguen prioridad estricta a las familias más vulnerables del sector agrícola.
La propuesta pretende beneficiar directamente a las hijas e hijos de mujeres jefas de familia en las zonas rurales para combatir el rezago educativo. El dictamen definitivo de estas modificaciones legales se discutirá en el Pleno durante este 2026.
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¿Por qué piden reformar el artículo 11 de la Ley de Bienestar y Desarrollo Social del Edomex y a qué familias impactaría?
La Comisión de Desarrollo y Bienestar Social del Edomex inició el estudio de la propuesta para modificar las reglas operativas de la política social en la entidad. El proyecto plantea un criterio de prioridad para que los recursos públicos se concentren de manera eficiente en las regiones vulnerables, sin que esto signifique generar nuevas cargas presupuestales para el erario estatal.
Las modificaciones normativas y los criterios de selección para el acceso a las políticas públicas de permanencia escolar contemplan las siguientes directrices de protección en caso de ser aprobadas:
- Focalización en hogares con jefatura femenina: apoyos de manera preferente a los descendientes de mujeres rurales que sustentan solas el núcleo familiar.
- Atención prioritaria por deserción: beneficio concentrado en los niveles de educación secundaria y media superior por registrar las tasas más altas de abandono en estas regiones.
- Optimización de los programas vigentes: la asignación de los recursos se mantendría de forma gratuita.
¿Qué factores de vulnerabilidad y abandono escolar sustentan la iniciativa de Luis Valdeña Bastida?
El diputado Edmundo Luis Valdeña Bastida expuso ante las comisiones legislativas que la desigualdad educativa en la periferia responde a brechas de género y deficiencias estructurales. Los indicadores demuestran que las niñas y las mujeres asumen una carga desproporcionada de trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, lo que afecta su desarrollo integral.
Los datos de rezago social y las desventajas económicas detectadas por el INEGI y el Coneval en el territorio abarcan los siguientes factores de riesgo:
- Pobreza en comunidades rurales: más del 40 por ciento de la población residente en las zonas agrícolas de la entidad vive en condiciones de pobreza.
- Alta incidencia de hogares vulnerables: tres de cada 10 hogares en el territorio estatal cuentan con una jefatura femenina al frente de la economía familiar.
- Prevalencia de la informalidad laboral: la falta de empleos formales en el campo agrava la situación económica e incide directamente en la deserción escolar.
Los integrantes del Congreso local tienen la tarea de presentar las propuestas complementarias para enriquecer el documento técnico antes de proceder a la votación. De prosperar la iniciativa, las madres trabajadoras de las comunidades agrícolas deberán mantenerse atentas a las fechas de registro que emitan las dependencias estatales de asistencia social.
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