El Congreso de la Unión recibió el respaldo formal de más de 2 mil profesionales de la salud para aprobar la Ley Trasciende. Esta iniciativa ciudadana busca despenalizar la eutanasia en México para garantizar que pacientes con enfermedades terminales o sufrimientos irreversibles puedan acceder a una muerte digna.
La propuesta, impulsada por la activista Samara Martínez, plantea reformar la Ley General de Salud para eliminar el castigo penal al personal médico que asista en estos casos. De avanzar el dictamen este 2026, el sistema de salud pública deberá asegurar procedimientos gratuitos, seguros y libres de discriminación para quienes decidan ejercer su autonomía al final de la vida.
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¿Quién es Samara Martínez y por qué impulsa la Ley Trasciende?
Samara Martínez, periodista y máster en Desarrollo Humano, es la principal promotora de esta reforma tras enfrentar personalmente enfermedades crónico-degenerativas que la llevaron a trasplantes y tratamientos de soporte vital extremo. Como fundadora de Hemodiálogos, Martínez ha transformado su experiencia como paciente en una defensa activa de la dignidad humana, argumentando que el Estado mexicano no debe obligar a las personas a prolongar sufrimientos biológicos irremediables.
Su liderazgo en la Ley Trasciende surge de la necesidad de dar voz a quienes padecen condiciones que la ciencia ya no puede curar, buscando que la libertad de decidir se respete hasta el último aliento. La activista sostiene que acompañar y amar también implica permitir partir con respeto, por lo que su iniciativa propone un marco legal donde la ayuda médica para morir sea una respuesta profesional y compasiva, centrada íntegramente en la voluntad de la persona.
¿Qué condiciones establece la Ley Trasciende para acceder a la eutanasia?
El proyecto legislativo busca que la Secretaría de Salud deje de considerar la muerte asistida como un delito y la incorpore como un servicio médico regulado. Para ello, establece filtros técnicos y legales que garantizan que la decisión del paciente sea consciente y no producto de una coacción externa.
Condiciones obligatorias para el solicitante en 2026:
- Acreditar la mayoría de edad y estar en pleno uso de las facultades mentales.
- Presentar un diagnóstico confirmado por dos médicos distintos sobre una enfermedad terminal o discapacitante.
- Manifestar la voluntad de forma escrita, libre y reiterada ante un Notario Público.
- Refrendar el deseo de morir al menos 5 días después de la solicitud inicial para obtener la "Declaratoria de voluntad".
¿Por qué el caso de Noelia Castillo en España conmovió al mundo y qué lecciones deja para México?
"Yo me voy y vosotros os quedáis con todo el dolor. Pero ¿y todo el dolor que yo he sufrido en estos años?", cuestionó Noelia Castillo Ramos días antes de que el Hospital Residencia Sant Camil de Barcelona cumpliera su voluntad. La joven de 25 años, cuya vida quedó marcada por agresiones, una violación colectiva y una paraplejía tras un intento de suicidio, enfrentó una batalla legal de dos años contra su propio padre y grupos religiosos que intentaron frenar su derecho a una muerte digna. Su caso se convirtió en un símbolo global de la autonomía personal, al demostrar que el sufrimiento insoportable no siempre proviene de una enfermedad terminal, sino de heridas físicas y psíquicas que la medicina ya no puede sanar.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos puso fin a su agonía este 2026, validando que Noelia conservaba sus facultades mentales y que su decisión era libre, consciente e informada.
Esta historia resuena con fuerza en el debate de la Ley Trasciende en México, pues expone la vulnerabilidad de los pacientes frente a terceros que pretenden imponer su moral sobre el dolor ajeno. La experiencia española subraya la urgencia de contar con marcos legales que protejan la voluntad del individuo frente a la judicialización de su sufrimiento y garanticen que "acompañar y dejar ir" sea reconocido como un acto de humanidad y respeto absoluto a la libertad.
¿Cómo se aplicaría la Ley Trasciende en los hospitales públicos de México?
De aprobarse la reforma, la Secretaría de Salud estará obligada a contar con personal no objetor en todas las instituciones públicas. La ley respeta la objeción de conciencia de médicos y enfermeras, pero establece que el derecho del paciente debe ser efectivo y sin demoras burocráticas que prolonguen el dolor.
Protocolo de atención institucional propuesto por la Ley Trasciende:
- Canalizar al paciente con personal médico dispuesto a realizar el procedimiento en un plazo no mayor a 48 horas.
- Capacitar a los equipos de salud en el manejo de medicamentos idóneos para una muerte sin dolor.
- Garantizar la gratuidad del proceso bajo la supervisión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
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