Violencia y desconfianza elevan el riesgo político de México en 2025
México elevó su nivel de riesgo político al rango de países como Perú, marcado por crimen organizado, corrupción y protestas sociales. El nuevo gobierno enfrenta un entorno complejo heredado, advierte AtlasIntel.
México registró un fuerte incremento en su nivel de riesgo político, colocándose en parámetros similares a los de Perú, uno de los países más inestables de América Latina en los últimos años. Así lo revela la más reciente medición de AtlasIntel, retomada por Bloomberg, que advierte un entorno marcado por el avance del crimen organizado, la corrupción persistente y una creciente tensión social.
Aunque el reporte no perfila un escenario inmediato de colapso institucional, sí describe un país con presiones acumuladas que colocan al nuevo gobierno frente a un tablero altamente complejo.
Crimen organizado y corrupción como detonantes
El estudio identifica a la inseguridad y la corrupción como los principales factores que empujan el deterioro del riesgo político. La percepción de que el crimen mantiene amplias zonas de control territorial, así como la desconfianza en las autoridades, refuerzan la idea de que el Estado no ha logrado recuperar plenamente su capacidad de contención.
A ello se suma una sensación social de impunidad, alimentada por escándalos que no han encontrado cierres claros y por la debilidad de contrapesos institucionales en áreas clave de supervisión.
Protesta social y desgaste de la confianza
AtlasIntel también documenta un aumento en el riesgo de conflictividad social. La combinación de violencia, presión económica y expectativas no cumplidas genera un caldo de cultivo para nuevas protestas, particularmente en sectores urbanos y juveniles.
La ciudadanía comienza a mostrar signos de desgaste frente al discurso político, en medio de una narrativa que busca estabilizar, pero que todavía enfrenta realidades estructurales profundamente arraigadas.
Presiones tempranas
El informe señala que la aprobación del Gobierno presenta un ligero ajuste a la baja en este contexto, sin que ello implique aún una crisis de gobernabilidad. Más bien, refleja el peso de los problemas heredados: seguridad, corrupción, finanzas públicas presionadas y una sociedad cada vez más exigente.
México no está ante una ruptura institucional como la peruana, pero sí ante un escenario de alta fragilidad donde cada decisión de gobierno será observada con lupa, tanto por los mercados como por la ciudadanía.
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