Impacto: Apps de reparto deberán pagar 2% en CDMX; claves del fallo de la Corte

El artículo 307 Ter del Código Fiscal CDMX busca compensar el desgaste vial; empresas critican falta de transparencia en destino de fondos.

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2 minutos de lectura.
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Las apps de reparto y movilidad como Uber, Didi y Rappi deberán pagar un 2% por “aprovechamiento de infraestructura” en la CDMX, tras la aprobación de la Suprema Corte el pasado jueves 27 de noviembre. El cobro aplica sobre las comisiones que estas plataformas generan en cada viaje o entrega dentro de la capital. El fallo marca un precedente nacional y coloca a la ciudad de nuevo en el centro del debate sobre la regulación de servicios digitales.

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La decisión llega en un momento en el que las apps de reparto crecen sin freno, mientras la ciudad padece un deterioro crónico de sus calles. Aunque la Corte afirma que no se trata de un impuesto, sino de un ingreso compensatorio, la medida desata inconformidad por su impacto económico y por la falta de resultados en materia de mantenimiento vial.

¿Qué fue lo que aprobó la Suprema Corte?

La Corte avaló el artículo 307 Ter del Código Fiscal de la CDMX, que obliga a las plataformas a entregar el 2% de su comisión por transacción. Siete ministros votaron a favor, dos en contra. El argumento oficial sostiene que estas empresas generan un desgaste adicional en vialidades que el gobierno debe recuperar.

El fallo revierte amparos previos y ordena que las plataformas comiencen a pagar de inmediato. Solo afecta a apps que usan físicamente las calles.

¿Por qué esta medida es relevante ahora?

El cobro surge tras el crecimiento explosivo de motocicletas dedicadas al reparto y de viajes por aplicación. La CDMX calcula cientos de miles de unidades circulando a diario, con un impacto directo en baches, semáforos y pavimento.

Sin embargo, el gobierno enfrenta críticas por priorizar nuevos cobros mientras el mantenimiento urbano sigue rezagado. Para muchos, el 2% funciona como un mecanismo recaudatorio disfrazado de regulación.

¿Cómo afecta a usuarios y repartidores?

La ley prohíbe trasladar el cobro a repartidores o clientes. Toda la carga debe recaer en las empresas. Aun así, los trabajadores temen ajustes indirectos en bonos, tiempos de conexión o disponibilidad de pedidos.

Los usuarios también vigilan que los precios no aumenten bajo otros conceptos. El historial de ajustes en apps de movilidad hace que la duda sea legítima.

¿Habrá mejoras en las calles de la CDMX?

El gobierno asegura que el dinero se destinará a mantenimiento vial y movilidad segura. La Corte recomienda lo mismo. En teoría, el fondo podría generar millones.

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Pero especialistas urbanos dudan de la transparencia. La ciudad acumula años de rezago en infraestructura, y la ciudadanía exige auditorías para vigilar el uso de los recursos.

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Autor / Redactor

Adriana Juárez Miranda

adriana.juarez@tvazteca.com.mx