Censura en México: el gobierno niega lo evidente y aprieta el puño
Sergio Sarmiento describe un país donde la “libertad de expresión al máximo” es un eslogan vacío y el gobierno usa inspecciones, tribunales y burocracia como armas políticas.
En Jaque Mate , Sergio Sarmiento denuncia una jugada que ningún gobierno democrático debería atreverse a hacer: dos inspecciones laborales extraordinarias, el mismo día, contra dos medios independientes, Reforma y TV Azteca. No es coincidencia. No es rutina administrativa. Es mensaje.
La Secretaría del Trabajo irrumpió con “perspectiva de género” —el nuevo comodín burocrático— exigiendo documentos y bloqueando movimientos internos. El tipo de acciones que se justifican con tecnicismos, pero que huelen a intimidación política desde el primer minuto.
Sarmiento lo dice con claridad: jamás se había visto un operativo así, simultáneo y dirigido a dos plataformas críticas del régimen. Y eso que él colabora en ambas.
Mientras tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum repite que México vive su época dorada de libertad de expresión. El contraste con los datos es grotesco: según Article 19, de enero a julio de 2025 se han registrado 51 casos de acoso judicial contra periodistas, más del doble de todo 2024. En 2015 hubo uno. Hoy son decenas.
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Y la fórmula se repite: acusaciones de “violencia política de género” para callar críticas incómodas, medidas cautelares que funcionan como mordaza, tribunales locales funcionando como arma del poder. Desde Hermosillo hasta Veracruz, pasando por Campeche y Tamaulipas, el patrón es idéntico: la ley como herramienta de castigo, no de justicia.
A ese acoso judicial ahora se suma la intimidación administrativa. Las inspecciones agresivas de la Secretaría del Trabajo no responden a una preocupación genuina por la seguridad o la capacitación laboral: responden a un cálculo político. Y ese cálculo tiene un objetivo claro: disciplinar a quienes no se alineen con el discurso presidencial.
Si la libertad de expresión estuviera realmente “al máximo”, el gobierno no tendría que usar la maquinaria del Estado para callar críticas. Pero los hechos apuntan a otra cosa: un poder que quiere que la prensa sea obediente, no libre; temerosa, no crítica. El Estado mexicano vuelve a hablar con el puño.
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