Acusan espionaje digital por reforma que obliga a dar acceso al SAT a plataformas digitales
Asociaciones de la industria digital señalan que una reforma Código Fiscal de la Federación propone el espionaje digital y viola derechos humanos.
Asociaciones de la industria digital emitieron un comunicado conjunto en el que acusaron que podría existir espionaje digital y se afectarían derechos humanos en caso de que avance la propuesta de adicionar el artículo 30-B al Código Fiscal de la Federación, incluida en el Paquete Económico 2026.
Señalaron que el texto señala que los prestadores de servicios digitales deben dar acceso “permanente, en línea y en tiempo real” al Servicio de Administración Tributaria (SAT) a sus sistemas y registros.
¿Qué dicen las asociaciones sobre la polémica reforma sobre espionaje digital?
El posicionamiento firmado por la Asociación Latinoamericana de Internet, la Asociación Mexicana de Agencias de Promociones, Asociación Mexicana de Agencias de Inteligencia de Mercado y Opinión AC, entre otras señala que el artículo 30-B plantea un esquema de vigilancia inédito en México, otorgando a la autoridad acceso directo, en línea y en tiempo real a bases de datos privadas de las plataformas digitales, lo que incurre en espionaje.
Indican que la reforma plantea una medida es innecesaria, desproporcionada y por supuesto inconstitucional, ya que se le otorga al gobierno la capacidad de acceder sin límites a información sensible de los usuarios, lo que compromete su privacidad, datos personales y el debido proceso. “Implica la intromisión permanente sin orden judicial, además de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que cualquier inspección fiscal debe cumplir formalidades y garantías; este esquema eliminaría plazos, notificaciones y control judicial”, señala.
Gobierno sancionaría a quienes no compartan información personal
La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) indicó que la redacción del artículo 30-B constituye una amenaza directa a la privacidad y a la libertad de expresión.
Y peor todavía, las autoridades llevarán a cabo un mecanismo de bloqueo administrativo de plataformas que se nieguen a otorgar este acceso, lo que es un instrumento de censura que afectaría la libertad de expresión, la certidumbre jurídica y la confianza en la economía digital.
En el mismo mensaje las asociaciones manifestaron su profunda preocupación por el contenido del artículo 113-Bis del mismo código ya que se propone sancionar penalmente a las plataformas digitales que, “a sabiendas”, permitan la publicación de anuncios relacionados con la enajenación de comprobantes fiscales falsos.
Esta disposición impone una carga de monitoreo, control y debida diligencia sin precedentes sobre intermediarios tecnológicos, plataformas de anuncios clasificados, redes sociales, motores de búsqueda y medios digitales que alojan contenido generado por terceros
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