La Comisión de Hacienda y Presupuestos del Congreso de Jalisco aprobó una rebaja del 80% en las tarifas del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) para viviendas y pequeños negocios con suministro de agua turbia.
El dictamen aprobado por unanimidad compensa las fallas operativas registradas en el Área Metropolitana de Guadalajara durante este periodo fiscal.
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¿Quiénes se benefician con la rebaja del 80% en la factura del SIAPA?
La diputada Gabriela Cárdenas Rodríguez, presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuestos, confirmó que el incentivo descuenta el cobro por agua contaminada y mantiene solo el 20% correspondiente a la red de alcantarillado. Los lineamientos de cobertura para los contribuyentes jaliscienses se determinan según estos parámetros:
- Los hogares con consumo menor a 25 metros cúbicos mensuales acceden de forma directa al esquema de descuento.
- Los pequeños negocios de barrio reciben el beneficio para proteger sus costos de operación comercial.
- Las grandes plantas industriales quedan excluidas del programa de ajuste en sus comprobantes de pago.
¿Cómo comprobarán el SIAPA y la CEDHJ cuáles son las colonias afectadas por la mala calidad del agua en Jalisco?
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco proporcionará el padrón de domicilios que han presentado denuncias formales por recibir agua sucia en sus hogares o comercios. La Junta de Gobierno del SIAPA evaluará la nómina de colonias cada mes para agregar o retirar zonas según la calidad del suministro.
Aquellos inmuebles que presenten turbiedad en sus tuberías y no aparezcan en la lista inicial podrán tramitar una evaluación técnica ante el SIAPA. La comprobación del problema incorporará automáticamente el predio al padrón de facturación reducida.
El proyecto de ley sumó además un descuento del 100% en moratorios para usuarios con saldos vencidos. La iniciativa pasará al Pleno del Congreso del Estado de Jalisco para su ratificación y publicación final en el Periódico Oficial. El ajuste legal garantiza un cobro proporcional al servicio efectivamente recibido en los municipios metropolitanos.
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