La diputada de Querétaro, Teresita Calzada Rovirosa, exigió frenar el aumento injustificado en las tarifas de peaje de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) para evitar un golpe directo al bolsillo de los automovilistas.
La legisladora de Movimiento Ciudadano presentó una Iniciativa de Acuerdo ante el Congreso local para demandar que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes revoque el incremento de costo aplicado en 43 autopistas federales del país.
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¿Qué carreteras federales registran los mayores incrementos en las casetas?
Los incrementos establecidos por CAPUFE encarecieron el tránsito de mercancías y pasajeros de forma desproporcionada. Mientras la inflación anual reportó un indicador de 3.69 por ciento, el ajuste en las plazas de cobro alcanzó un 4.7 por ciento, superando los márgenes de previsión financiera general.
Las modificaciones en las casetas de cobro impactan el presupuesto en tres rutas clave:
- Autopista México-Querétaro: pasó de 204 pesos a una tarifa vigente de 226 pesos.
- Autopista México-Cuernavaca: elevó su precio de tránsito obligatorio hasta alcanzar la cifra de 156 pesos.
- Autopista Durango-Mazatlán: registra el impacto económico más alto al situar su derecho de paso en 820 pesos de forma regular.
¿Qué demandas ciudadanas plantea la iniciativa ante el Gobierno Federal?
La omisión de dictámenes técnicos o económicos que sustenten el ajuste motivó el despliegue de herramientas jurídicas estatales para proteger el patrimonio de los usuarios de las autopistas y carreteras. La representación legislativa argumenta que el proceder de las autoridades federales vulnera los preceptos constitucionales de fundamentación y motivación legal.
La propuesta presentada busca reconfigurar las decisiones presupuestales federales mediante tres peticiones concretas:
- Suspender el ajuste financiero: congelar las tarifas vigentes hasta que los organismos responsables justifiquen las razones metodológicas del incremento por encima de la inflación general.
- Transparentar los ingresos acumulados: abrir los registros contables de la dependencia federal para auditar el destino del dinero recaudado durante los últimos dos años.
- Instalar mesas de diálogo: convocar a especialistas en infraestructura y comités de usuarios antes de aplicar modificaciones que alteren las cadenas de suministro nacionales.
El encarecimiento del transporte de carga genera un efecto dominó que presiona directamente los precios de la canasta básica. Los prestadores de servicios logísticos trasladan estos costos de peaje al consumidor final, encareciendo los alimentos esenciales de las familias.
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