Integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura de Guanajuato presentaron una iniciativa de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para proteger los derechos pensionarios de servidores públicos que ya tenían reconocidos sus montos de jubilación antes de que entrara en vigor el decreto publicado el 10 de abril de 2026 en el Diario Oficial de la Federación sobre límites a jubilaciones y pensiones de entidades públicas.
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¿Qué propone la iniciativa para proteger a jubilados y pensionados públicos en México?
Según lo comunicado, la propuesta presentada en Guanajuato plantea reformar la fracción II y el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 127 constitucional, así como el artículo Segundo Transitorio del decreto de abril de 2026. Los cambios concretos son dos:
- Precisar que ningún servidor público podrá recibir una remuneración superior a la Remuneración Anual Máxima del titular del Ejecutivo Federal
- Eliminar del artículo transitorio la referencia a que las jubilaciones y pensiones otorgadas antes de la entrada en vigor del decreto deban ajustarse al nuevo límite — es decir, que el recorte no aplique de forma retroactiva
El diputado Juan Carlos Romero Hicks, quien presentó la propuesta en Guanajuato, sostuvo que la disposición transitoria vigente vulnera el principio de irretroactividad previsto en el artículo 14 de la Constitución federal, al afectar a personas a quienes ya se les habían reconocido sus montos de pensión. Señaló que la medida impacta a miles de familias que organizaron su patrimonio con base en prestaciones derivadas de años de servicio público.
¿En qué argumentos jurídicos se apoya la iniciativa presentada en Guanajuato?
La iniciativa retoma criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre protección de derechos pensionarios adquiridos, así como resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y pronunciamientos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre la tutela de prestaciones sociales.
Romero Hicks subrayó que la reforma presentada en Guanajuato busca garantizar coherencia entre el texto constitucional, la protección de derechos humanos y el principio de seguridad jurídica.
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