El Congreso del Estado de Guanajuato recibió una iniciativa de reforma constitucional redactada específicamente para frenar el ajuste retroactivo a los montos de jubilación vigentes del personal del servicio público.
La propuesta presentada por el diputado Juan Carlos Romero Hicks busca modificar el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El proyecto objeta el impacto legal del artículo Segundo Transitorio del decreto federal publicado el pasado 10 de abril de 2026 en el Diario Oficial de la Federación, el cual obliga a recalcular a la baja los retiros que superen el tope presidencial, medida que la iniciativa busca invalidar para proteger los derechos adquiridos de miles de familias en la entidad.
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¿Qué cambios propone la iniciativa al artículo 127 constitucional en Guanajuato?
La reforma busca sustituir los parámetros de medición económica actuales por un indicador presupuestal fijo, evitando fluctuaciones basadas en decisiones políticas coyunturales.
- Nueva base de cálculo: modificar el esquema para que los topes pensionarios se fijen según la Remuneración Anual Máxima del presupuesto federal, y no sobre el sueldo mensual de la persona titular del Ejecutivo Federal.
- Eliminación de retroactividad: suprimir del artículo Segundo Transitorio la orden expresa de recalcular a la baja los retiros otorgados antes de la entrada en vigor del decreto de 2026.
- Protección de confianza: salvaguardar los convenios de retiro del personal de confianza adscrito a empresas públicas, sociedades nacionales de crédito y organismos descentralizados.
- Alineación internacional: incorporar al marco de seguridad social los criterios de tutela efectiva dictados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
¿Por qué chocan las posturas por las llamadas “pensiones doradas”?
El debate en el pleno del Congreso de Guanajuato evidenció divisiones en torno a la aplicación de las políticas de austeridad frente al respeto de las garantías laborales preexistentes.
- Argumentos en contra del exhorto: el diputado Antonio Chaurand Sorzano señaló que proteger jubilaciones millonarias financiadas con el erario resulta ofensivo, defendiendo la reforma federal como un tope ético de justicia social.
- Argumentos a favor del blindaje: el diputado Jorge Arturo Espadas Galván calificó la medida federal de selectiva e injusta, señalando que afecta el patrimonio de familias que cotizaron durante décadas en sectores especializados como Pemex y CFE.
- Vía del análisis técnico: el legislador Alejandro Arias Ávila precisó que el objetivo no es retornar a privilegios excesivos, sino revisar un articulado transitorio que vulnera prestaciones ya reconocidas por el Estado.
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