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Es oficial: aplicarán fuertes sanciones en Guanajuato a dependencias que oculten información en estos casos

La nueva ley reemplaza a la normativa vigente desde 2016 y obliga a funcionarios e instituciones de Guanajuato a entregar información pública en un plazo máximo, bajo pena de sanciones administrativas.

El Congreso del Estado de Guanajuato aprobó una ley que obliga a todas las instituciones públicas a garantizar el acceso a la información y establece sanciones concretas para quienes la oculten, alteren o destruyan. Se trata del Decreto Número 176, emitido por la LXVI Legislatura Constitucional y publicado en el Periódico Oficial el 8 de abril de 2026.

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¿Qué establece la nueva Ley de Transparencia de Guanajuato?

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato tiene como objetivo garantizar el derecho humano al acceso a la información y promover la transparencia y rendición de cuentas en todos los niveles de gobierno.

La norma aplica a:

  • Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial
  • Órganos constitucionalmente autónomos
  • Fideicomisos y fondos públicos
  • Cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad

La ley es clara en cuanto al estatus de la información: toda aquella que esté en posesión de los sujetos obligados es pública y debe ser accesible a cualquier persona.

Además, la norma exige que la información entregada sea “veraz, completa, oportuna, accesible, confiable, verificable y en lenguaje sencillo”, incluyendo la posibilidad de traducción a lenguas indígenas o formatos como el braille.

¿Cuándo se pueden aplicar sanciones a una dependencia pública?

El artículo 173 del texto legislativo establece de forma explícita las causas por las que un sujeto obligado puede ser sancionado en Guanajuato. Entre ellas, el hecho de “usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar, mutilar, destruir o inutilizar, total o parcialmente y sin causa legítima, la información que esté bajo su custodia”.

Esto significa que cualquier servidor público que tenga acceso a información pública —por su empleo, cargo o comisión— y la manipule o esconda puede enfrentar consecuencias legales.

¿Cuánto tiempo puede demorar una dependencia en responder al pedido de información pública?

En cuanto a los tiempos de respuesta, la ley fija un plazo máximo de cinco días hábiles para responder a solicitudes de información en Guanajuato, contados a partir del día siguiente a su presentación.

Solo de manera excepcional, y con justificación fundada ante el Comité de Transparencia, ese plazo puede extenderse hasta tres días más.

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