El Congreso del Estado de Guanajuato aprobó por unanimidad reformas a la Ley de Educación que regulan el uso de dispositivos tecnológicos dentro del entorno escolar. La medida busca garantizar que teléfonos celulares y otros aparatos electrónicos no interfieran con el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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¿Qué establece la nueva ley sobre el uso de celulares en las escuelas de Guanajuato?
La reforma faculta a la Secretaría de Educación para emitir disposiciones específicas según cada nivel educativo. Entre los puntos centrales de la nueva normativa aprobada en Guanajuato destacan:
- El uso de tecnología será permitido exclusivamente con fines pedagógicos durante el horario de clases.
- Se incorpora a la ley el concepto de entorno escolar, definido como las instalaciones delimitadas por el perímetro del centro escolar y los espacios donde los alumnos realizan actividades bajo supervisión docente.
- Las autoridades educativas deberán promover la capacitación docente en el uso de herramientas tecnológicas y en la identificación de riesgos digitales.
- La Secretaría de Educación contará con un plazo de 180 días para emitir la normativa correspondiente.
La diputada Carolina León Medina subrayó que “la tecnología no es un problema, pero su uso sin reglas dentro del aula está generando consecuencias que no se pueden ignorar”.
¿Por qué esta regulación no es una prohibición total?
Durante el debate legislativo quedó claro que la intención no es prohibir la tecnología en las escuelas de Guanajuato, sino regularla. El diputado Víctor Manuel Zanella Huerta lo sintetizó al señalar que la reforma “no carga la mano, sino que respalda” a los docentes, dándoles certeza jurídica y herramientas concretas para actuar en el aula.
La congresista María Isabel Ortiz Mantilla enfatizó que las modificaciones apuntan a un modelo de acompañamiento y orientación que respeta las distintas etapas del desarrollo, desde la primera infancia hasta la adolescencia.
El proceso previo a la aprobación incluyó foros con docentes, alumnos, padres de familia y especialistas, lo que dotó al dictamen de una base participativa amplia.
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