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Rubén Rocha Moya y los funcionarios que conformaban la “narconómina” operada por “Los Chapitos”

De acuerdo con la acusación presentada por las autoridades de Estados Unidos, además de Rubén Rocha Moya, otros funcionarios recibían dinero, esta es la lista y montos.

La Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York presentó una acusación contra el gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos, en ella se detalla la “narconomina” operada por la fracción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.

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La “narconómina” operada por “Los Chapitos”

De acuerdo con el documento, este esquema sistemático de corrupción funcionaba a través de una “narconómina”. Se realizaban sobornos mensuales que eran entregados a funcionarios. El jefe de plaza de Culiacán recibe a los líderes de los Chapitos cada mes con dinero en efectivo y una lista de los funcionarios a quienes se les debe pagar:

  • Gerardo Mérida Sánchez: 1.7 millones de pesos
  • Juan Valenzuela Millán: 700 mil pesos (durante todo 2024)
  • Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez: 300 mil pesos
  • Dámaso Castro Zaavedra: 200 mil pesos (hasta septiembre de 2024)
  • Juan de Dios Gámez Mendívil: 170 mil pesos
  • José Antonio Dionisio Hipólito, “Tornado”: 100 mil pesos

También recibían sobornos, Enrique Inzunza Cázarez, secretario general de Gobierno; Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas de Sinaloa y Gerardo Mérida Sánchez, secretario de Seguridad Pública.

Cabe mencionar que en el caso de Rocha Moya no se detallan los montos pero se presume que obtuvo apoyo político directo para alcanzar y mantener el cargo.

¿Cómo operaba este sistema de corrupción?

Según la información, la distribución de sobornos estaba centralizada en operadores del cártel, distintos miembros se encargaban de pagar los sobornos y el jefe de plaza supervisaba tanto el tráfico de drogas como la relación con autoridades corruptas en los distintos niveles de gobierno.

La “narconómina” garantizaba protección y funcionaba como un mecanismo de control institucional y operaba desde 2012 hasta abril de 2026, aunque la vigencia de pagos no fue uniforme.

En el caso del gobernador Rubén Rocha Moya, su participación se mantiene hasta la actualidad.

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