Las obras que se realizan en una colonia o comunidad no siempre vienen acompañadas de información clara sobre cuánto costarán, qué materiales se utilizarán o cuándo estarán terminadas. Para que los habitantes puedan conocer esos detalles y dar seguimiento a los trabajos, en Querétaro se propuesto incorporar la Contraloría Social en la Obra Pública a la legislación estatal.
La iniciativa, presentada por el diputado local Homero Barrera, busca que los vecinos y las personas beneficiadas por una obra tengan un mecanismo formal para vigilar su desarrollo, sin depender de la voluntad de cada administración ni de organizaciones partidistas.
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¿Cómo podrían participar los vecinos en la vigilancia de obras públicas?
La propuesta plantea la creación de Comités de Contraloría Social, integrados preferentemente por habitantes, usuarios o personas beneficiadas por los trabajos que se realicen en sus colonias y comunidades.
Su función sería dar seguimiento a los proyectos y ayudar a que la información sobre el uso de recursos públicos esté al alcance de la ciudadanía.
Para integrar estos grupos se contemplan mecanismos como convocatorias públicas, asambleas comunitarias y herramientas digitales, además de otros procedimientos que permitan una participación transparente. La iniciativa también propone que los comités se rijan por principios de pluralidad, participación voluntaria, igualdad y equilibrio entre mujeres y hombres.
La intención es que la vigilancia ciudadana tenga reglas establecidas en la ley y no dependa de que un gobierno decida formar o mantener estos espacios. Además, sus actividades tendrían que mantenerse al margen de partidos políticos, organizaciones partidistas y fines electorales.
¿Qué podrían revisar y reportar los comités ciudadanos?
Si la iniciativa se aprueba, los habitantes podrían consultar información sobre las obras, observar su avance, realizar visitas, formular observaciones y reportar posibles irregularidades ante las instancias correspondientes. Esto permitiría dar seguimiento a aspectos que afectan directamente a las comunidades, como los plazos de ejecución, los materiales utilizados y los costos de los proyectos.
La propuesta también busca que la ciudadanía pueda conocer quién está a cargo de los trabajos y cómo avanzan, en lugar de enterarse únicamente cuando comienzan las obras o cuando ya concluyeron. La vigilancia social funcionaría como un mecanismo para identificar dudas y comunicar posibles problemas a las autoridades responsables.
Sin embargo, los comités no sustituirían a los ingenieros, supervisores ni órganos de fiscalización. Tampoco asumirían las atribuciones técnicas de las autoridades encargadas de revisar la calidad de una construcción o determinar responsabilidades. Su papel sería complementar la supervisión institucional con la participación de quienes viven cerca de las obras y conocen las necesidades de la zona.
¿Qué leyes cambiarían si se aprueba la iniciativa?
Para establecer este mecanismo, la propuesta contempla modificaciones a la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro y a la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro.
Entre los cambios planteados está incorporar disposiciones específicas sobre la Contraloría Social en la obra pública y crear un capítulo dedicado a regular su funcionamiento. De esta manera, los comités contarían con reglas sobre su integración, participación y actividades de vigilancia.
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