La discusión sobre el futuro del suministro hídrico en Querétaro ha dado un paso decisivo. Este 2 de mayo de 2026, la LXI Legislatura arrancó formalmente el Parlamento Abierto para analizar la Iniciativa de Ley de Agua para el Estado de Querétaro. El objetivo central de este ejercicio es nutrir el proyecto con voces de la sociedad civil y expertos académicos antes de que el dictamen llegue al Pleno para su votación final.
Durante la primera mesa de trabajo, denominada “Servicios públicos de agua y saneamiento”, se puso énfasis en que el acceso al agua debe dejar de ser una aspiración política para convertirse en una obligación exigible por parte de las autoridades. Legisladores de diversas fracciones señalaron que la prioridad es fortalecer el carácter social del servicio y asegurar que el crecimiento urbano no comprometa el recurso para las familias queretanas.
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¿Qué propone la nueva Ley de Agua en Querétaro?
La iniciativa busca establecer un marco legal sólido que proteja el recurso en Querétaro. Uno de los puntos más debatidos en el parlamento es la mejora de los mecanismos de participación ciudadana, como las Contralorías Autónomas, que permitirían a los vecinos vigilar el cumplimiento de las obligaciones de las autoridades.
Además, se discutió la protección a las personas defensoras del derecho humano al agua.
El fin de las concesiones: ¿Se acaba la privatización del agua en Querétaro?
Uno de los ejes principales de este Parlamento Abierto en Querétaro fue la revisión de las concesiones de servicios de agua potable. Los expertos y colectivos ciudadanos presentes cuestionaron los modelos actuales y propusieron mecanismos para transitar hacia sistemas comunitarios de agua y saneamiento más eficientes y menos enfocados en el lucro.
A pesar de la relevancia del encuentro, se reportó la ausencia de los representantes de la Comisión Estatal de Aguas (CEA) y de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) en Querétaro, quienes habían sido convocados para aportar datos técnicos a la discusión. Se espera que en las próximas mesas se integren estas autoridades para definir el impacto final que tendrá la ley en el bolsillo de los ciudadanos y en la gestión del recurso.
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