El Partido Acción Nacional (PAN) planteó evaluar la posible desaparición de poderes en Sinaloa tras la a acusación de la fiscalía estadounidense en contra del gobernador Rubén Rocha Moya y nueve funcionarios actuales y exfuncionarios estatales de presuntamente colaborar con el Cártel de Sinaloa.
El blanquiazul solicitó al Senado de la República aplicar esta medida prevista en la Constitución para situaciones extraordinarias.
Señaló que las investigaciones abiertas en el extranjero rebasan el ámbito político y colocan el caso en un escenario de mayor gravedad.
“Esto ya no es rumor ni especulación. Estamos frente a una crisis de Estado que exige respuestas firmes y acciones inmediatas”, indicó en un comunicado.
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Sostuvo que las imputaciones confirman una situación de dimensión institucional que desde hace tiempo había sido señalada.
“No se trata de una medida extrema, sino de una respuesta necesaria ante una situación que ha rebasado a las autoridades locales”, argumentó el PAN.
Puntualizó que la entidad enfrenta desde hace más de año y medio un contexto de violencia persistente, con saldo de pérdidas humanas y afectaciones económicas, sin que —acusó— el gobierno estatal haya logrado restablecer condiciones de seguridad.
Aseveró que un gobierno bajo ese nivel de señalamientos no cuenta con las condiciones para enfrentar la crisis ni para garantizar la tranquilidad de la población.
Finalmente, el PAN advirtió que el país no puede permitir que autoridades encargadas de combatir al crimen organizado estén bajo sospecha de mantener vínculos con él.
¿Qué es la desaparición de poderes?
La desaparición de poderes en México es una facultad exclusiva del Senado de la República (Art. 76, frac. V constitucional) para declarar la pérdida de funciones de los poderes ejecutivo, legislativo o judicial en un estado.
Se invoca ante situaciones de ingobernabilidad, violencia extrema o ruptura del orden constitucional, permitiendo la intervención federal para nombrar un gobernador provisional y convocar nuevas elecciones.
Puede ser solicitada por senadores, diputados federales de la entidad afectada o ciudadanos. El Senado, tras una evaluación, declara la desaparición y nombra a un gobernador provisional.
Narcogobierno
Luego de que se revelaron los señalamientos, la senadora del PAN, Lilly Téllez, celebró la decisión del gobierno estadunidense.
La legisladora felicitó al país vecino por presentar cargos penales contra el gobernador y lamentó que para que haya justicia en México tenga que intervenir un gobierno extranjero.
“Celebro que empiecen a caer, bancada de los mafiosos, han sido expuestos”, dijo durante su participación para hablar de la licencia del senador Manlio Fabio Beltrones.
Puntualizó que se trata de un momento de suma relevancia, ya que, afirmó, se empiezan a señalar con nombre y apellido los “mafiosos” de Morena.
Hasta ahora el gobierno federal no se ha pronunciado por el caso, lo que contrasta con la postura adoptada en agosto de 2024, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum defendió públicamente a Rocha Moya tras la difusión de una carta atribuida a Ismael “El Mayo” Zambada, en la que el capo afirmaba que el gobernador tuvo conocimiento y participación en la trampa que le pusieron para detenerlo y llevarlo a Estados Unidos.
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