El Congreso del Estado de México (Edomex) impulsa una serie de reformas orientadas a fortalecer la seguridad pública, mejorar la procuración de justicia y garantizar la protección efectiva de las víctimas. Entre los cambios más relevantes destaca la aprobación de una nueva legislación para combatir la extorsión, especialmente el delito conocido como “cobro de piso”.
Estas medidas buscan responder a problemáticas prioritarias mediante ajustes legales y mayor coordinación institucional.
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¿Qué cambia con la nueva ley contra la extorsión en Edomex?
Uno de los avances más significativos es la expedición de una nueva ley para prevenir, atender y combatir la extorsión en Edomex. Esta normativa pone especial énfasis en el “cobro de piso”, una práctica delictiva que afecta a comerciantes y ciudadanos.
Con la reforma, la persecución de este delito se establece de oficio. Además, se derogó el delito de extorsión del Código Penal estatal, debido a que ya está contemplado en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, la cual establece las sanciones correspondientes.
La legislación también incluye medidas en centros penitenciarios, donde se implementarán procedimientos y tecnologías para inhibir llamadas de telefonía celular, radiocomunicación y transmisión de datos o imágenes, con el objetivo de evitar que estos delitos se coordinen desde prisión.
¿Cómo impactan las reformas en la seguridad y la justicia de Edomex?
El Congreso mexiquense también amplió el marco constitucional para permitir que la Secretaría de Seguridad y las instituciones policiales estatales y municipales participen en la investigación de delitos, siempre bajo la conducción del Ministerio Público.
Asimismo, se fortalecieron las mesas de paz, concebidas como espacios de coordinación operativa y toma de decisiones inmediatas en materia de seguridad pública en Edomex.
En el ámbito judicial, se incorporó la figura de nulidad de juicio concluido, que permite invalidar resoluciones obtenidas mediante fraude o pruebas falsas. También se reconoció la competencia de tribunales de alzada integrados por una sola magistratura, lo que busca agilizar procesos.
¿Qué medidas se implementaron para proteger a las víctimas?
En materia de protección a víctimas, se creó el Juzgado LIBRE (Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes y Emancipación), especializado en la emisión de órdenes de protección en casos de violencia de género.
Además, se tipificaron la violencia vicaria —con sanciones de hasta ocho años de prisión cuando se utilice a personas cercanas para dañar a una mujer— y la violencia digital, definida como acciones dolosas realizadas mediante tecnologías de la información.
Estas reformas también contemplan medidas inmediatas para proteger a las víctimas y refuerzan la coordinación entre autoridades para la búsqueda de personas desaparecidas.
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