Dictadura en Venezuela intensifica persecución contra opositores: ONU; van 12 muertes vinculadas a las autoridades
La persecución política en Venezuela escala en 2025, según la ONU. Ya suman 12 muertes atribuidas a fuerzas estatales y más de 200 nuevas detenciones.
La persecución política en Venezuela alcanzó niveles alarmantes en 2025. De acuerdo con la Misión Internacional Independiente de la ONU, el gobierno intensificó el hostigamiento contra opositores, defensores de derechos humanos y manifestantes luego de las elecciones presidenciales de julio de 2024.
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El informe, presentado en Ginebra, señala que al menos 12 personas murieron durante protestas recientes a causa de acciones de fuerzas estatales. Además, resalta que no existen investigaciones nacionales en curso, lo que deja en manos de organismos internacionales la única vía de justicia para las víctimas.
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Ejecuciones en protestas y muertes impunes
La ONU documenta que de las 25 muertes ocurridas en manifestaciones del 29 y 30 de julio de 2024, la mitad involucra directamente a la Guardia Nacional y al Ejército. Casos como el de Maracay, donde soldados dispararon a quemarropa contra civiles, ilustran la brutalidad de la represión.
Pese a la contundencia de los testimonios y pruebas, la fiscalía venezolana niega la responsabilidad del Estado. Sin embargo, los peritajes de la Misión confirman que los crímenes quedaron en la total impunidad, sin avances judiciales ni sanciones a los responsables.
Prisiones, torturas y menores detenidos
El informe denuncia cinco muertes de detenidos en centros de reclusión, dos de ellas ligadas a la falta deliberada de atención médica, lo que constituye un trato inhumano. A esto se suman torturas, hostigamiento a familiares y complicidad de instituciones como la Defensoría del Pueblo.
En 2025 también se registraron al menos 200 detenciones selectivas contra críticos del régimen. De manera alarmante, 220 menores fueron capturados, algunos expuestos a aislamiento, violencia sexual y procesos irregulares. Cuatro adolescentes aún permanecen en prisión en estados como La Guaira y Lara.
Sin voluntad de cambio y contexto de la Misión
El documento subraya que las prácticas de tortura, como asfixias con bolsas, golpizas y descargas eléctricas, siguen siendo sistemáticas. Los jueces ignoran las denuncias y nuevas leyes se usan para cerrar ONG, debilitando a la sociedad civil.
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Según Marta Valiñas, jefa de la Misión, “no existe voluntad oficial para frenar estas atrocidades”. La comunidad internacional se perfila como la única instancia capaz de dar voz y apoyo a las víctimas de la persecución política en Venezuela. La Misión, creada en 2019, continuará su trabajo hasta 2026, documentando estos abusos para futuras instancias judiciales.
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