Instacart y Nueva York: la batalla por el salario mínimo
Instacart demanda a Nueva York por leyes de salario mínimo y propinas, alegando daños a repartidores, consumidores y comercios locales en plena tensión laboral
La tensión entre las plataformas de la Gig Economy y los gobiernos locales volvió a explotar. Instacart demandó a la ciudad de Nueva York para frenar cinco nuevas regulaciones que entrarán en vigor el 26 de enero y que, según la compañía, representan un golpe directo a su modelo de negocio.
Entre ellas destacan un salario mínimo equiparado al de repartidores de comida y una propina mínima obligatoria del 10%, medidas que buscan mejorar las condiciones laborales de miles de trabajadores latinos que dependen de estas aplicaciones.
Instacart asked a federal court to block New York City's new regulations for app-based delivery workers, claiming that the new minimum wage, consumer tipping options and disclosure requirements run afoul of limits to the city's authority and threaten Instacart's operations.… pic.twitter.com/CigFuU6OsT
— Law360 (@Law360) December 3, 2025
Para Instacart, sin embargo, estas reglas son un obstáculo “ilegal” que, según su narrativa, afectará no solo a la empresa, sino también a repartidores, consumidores y pequeños supermercados locales. Pero detrás de este discurso corporativo se esconde una batalla más amplia sobre el futuro de los empleos por encargo en ciudades donde el costo de vida no deja de subir.
Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.
Instacart argumenta que la ley de salario mínimo es inconstitucional
En su demanda, Instacart asegura que Nueva York no tiene autoridad para regular precios ni establecer reglas de compensación para plataformas tecnológicas como la suya. La empresa sostiene que el Congreso ya prohíbe a gobiernos locales intervenir en este tipo de modelos comerciales y que, históricamente, la legislatura estatal ha sido la encargada de definir el salario mínimo.
La plataforma también rechaza Local Law 124, que obligaría a pagar a los repartidores de supermercado el mismo salario mínimo que a los repartidores de comida. Para una ciudad con una inmensa comunidad latina trabajando en estas aplicaciones, este ajuste sería significativo.
Otro frente legal es Local Law 107, que exige que los clientes cuenten con una opción clara de dejar propinas del 10% o más. Instacart asegura que esto manipula el comportamiento del consumidor y distorsiona la naturaleza “independiente” del trabajo que ofrece.
Un impacto que, según Instacart, afectaría a todos
Si las leyes entran en vigor, la compañía advierte que tendrá que restringir oportunidades de trabajo, modificar su plataforma, alterar su relación con usuarios y comercios, e incluso enfrentar “daños constitucionales irreparables”.
Pero mientras la empresa habla de riesgos financieros, los datos muestran otra cara de la historia: los repartidores —muchos de ellos inmigrantes latinoamericanos— han reportado ingresos cada vez más inestables. Para ellos, un salario mínimo garantizado y una estructura de propinas más clara podrían marcar una diferencia real en su economía diaria.
Curiosamente, la batalla se libra mientras las figuras más altas de Instacart acumulan fortunas millonarias. Su CEO Chris Rogers tiene un patrimonio estimado de $28.6 millones, mientras que su antecesora Fidji Simo, hoy en OpenAI, ronda los $72.7 millones. Una ironía difícil de ignorar cuando la discusión gira en torno al “costo” de mejorar el salario de los trabajadores.
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.
