PRI propone cárcel a quien autorice y construya en zonas vulnerables a desastres naturales
PRI propuso modificar el Código Penal Federal para sancionar con entre dos y 10 años de cárcel a quien construya en zonas donde los desastres naturales pueda provocar una tragedia
El grupo parlamentario del PRI propuso modificar el Código Penal Federal para sancionar con entre dos y 10 años de cárcel, y de 300 a tres mil días de multa, a quien autorice construcciones en zonas vulnerables a desastres naturales.
La diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo del PRI explicó que la sanción vendría después de un análisis de riesgo realizado por la autoridad competente.
En la iniciativa que analiza la Comisión de Justicia, señala que el propósito es ofrecer mecanismos jurídicos para que cada vez haya menos personas vulnerables ante los desastres naturales y en su caso de haberlos sea reparada su pérdida.
Propone castigar también a quien, debiendo obtener la autorización de impacto y riesgo ambiental, construya obras sin contar con la misma.
También a quien ofrezca datos falsos en documentos para simular que cumple con las obligaciones de la normatividad federal; a quien no realice el análisis de riesgo o incumpla con las medidas técnicas y de prevención necesarias para evitar daños.
Las mismas penas y la privación del cargo o comisión e inhabilitación para ocupar otro hasta por cinco años, se impondrá al servidor púbico aprovechando su cargo, permita o autorice estas obras
La diputada Herrera Anzaldo explicó que “hay un vacío en el Código Penal Federal en materia de riesgos, pues no establece la prohibición de construir, edificar, realizar obras o asentarse dentro de un espacio territorial sin haber elaborado un análisis de riesgos o tomado en cuenta la legislación aplicable y sin contar con la autorización correspondiente”.
La legislación plantea entonces incluir responsabilidades y sanciones a quien autorice o desarrolle proyectos en zonas de riesgo.
Además busca materializar el delito de construcción, edificación, realización de obras y los asentamientos humanos en zonas de riesgo para proteger los bienes y derechos establecidos en la Constitución.
Esta medida implicaría un mejor presupuesto, pues actualmente se asigna más al Fondo de Desastres con 6 mil 8 millones, 472 mil, 100 pesos que al de Prevención de Desastres Naturales 346 millones 587 mil 453 pesos, una diferencia de 5 mil 661 millones 884 mil 647 pesos.
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