La LXII Legislatura mexiquense recibió una iniciativa de la diputada Miriam Silva y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para imponer penas de hasta nueve años de cárcel a quien contamine el agua destinada al consumo humano en el Estado de México.
Esta reforma al Código Penal y al Código para la Biodiversidad busca frenar riesgos sanitarios tras la detección de redes de "huachicol de agua" en municipios como Ecatepec y Toluca. La propuesta establece sanciones penales directas por la introducción de agentes biológicos o químicos en la red hidráulica, elevando la gravedad del delito si afecta a hospitales o escuelas.
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¿Cuáles son las penas propuestas por contaminar el agua en el Estado de México?
La iniciativa impulsada por el grupo parlamentario del PVEM, encabezado por José Alberto Couttolenc, tipifica la contaminación del agua como un delito de alto impacto contra la salud pública.
Escala de sanciones propuestas:
- De tres a nueve años de prisión por acción u omisión ilícita.
- Sanciones de 300 a 3 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA).
- Las penas aumentan un 50% si se afecta el suministro de guarderías, centros de salud o poblaciones vulnerables.
- Si la contaminación provoca muertes o lesiones, se aplicarán las sanciones acumuladas por homicidio o lesiones correspondientes.
¿Cómo operan las redes de robo y venta de agua no potabilizada en Edomex?
La reciente “Operación Caudal” reveló que grupos delictivos como “La Chokiza” y “Los 300” controlan pozos clandestinos donde se extrae agua sin tratamiento sanitario para su venta en pipas.
Riesgos técnicos detectados por la FGJEM:
- Falta de potabilización: el agua sustraída carece de procesos de filtrado, limitándose a cloración superficial ineficaz contra metales pesados.
- Contaminación cruzada: uso de pipas “salchichas” sin mantenimiento que transportan residuos químicos o biológicos.
- Impacto Sanitario: especialistas del IMSS advierten sobre brotes de cólera, hepatitis A y fiebre tifoidea derivados de este comercio ilegal.
- Sobreprecio: venta del líquido hasta un 59% más caro que la tarifa oficial en Tlalnepantla y Cuautitlán.
La reforma adiciona el artículo 2.160 Bis al Código para la Biodiversidad, obligando a la fiscalización activa por parte de las dependencias estatales. La Secretaría del Agua será la encargada de presentar denuncias penales ante la FGJEM inmediatamente al detectar conductas ilícitas.
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