La visita del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, representa un momento determinante para México frente a la crisis de desaparición de personas. Especialistas, familiares de víctimas y organizaciones civiles coinciden en que el país enfrenta una tragedia que no puede minimizarse.
Durante la conferencia “Desaparecidos en México: memoria, verdad y exigencia de justicia”, organizada por la Universidad Iberoamericana, las y los activistas señalaron que el país tiene una gran oportunidad tanto para el reconocimiento de dicha problemática por parte del Estado como para pensar en nuevas estrategias con el objetivo de encontrar a las decenas de miles de personas en esta situación.
Santiago Corcuera, exintegrante del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED), señaló que pese a algunos avances normativos, las desapariciones continúan en aumento y la crisis forense se profundiza.
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En ese sentido indicó que el reto no solo es dimensionar el problema, sino que el gobierno mexicano se acerque a los mecanismos internacionales y a la “mano tendida” del Comité para atender de forma paulatina la crisis marcada por la impunidad y la falta de resultados en la búsqueda e identificación de personas.
El también jurista y académico de la IBERO aseveró que, mientras el CED documentó cerca de 50 mil en años recientes, estimaciones actuales apuntan a más de 70 mil e incluso 80 mil personas desaparecidas.
“Cada vez hay más colectivos porque cada vez hay más desaparecidos. La situación no mejora y las desapariciones siguen aumentando”, explicó.
México supera las 133 mil personas desaparecidas, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), que contabiliza las desapariciones desde la década de 1950.
A este panorama se suma una crisis forense al alza, con alrededor de 80 mil cuerpos sin identificar.
Para ejemplificar la tragedia se expuso el caso de Javier Piña y María Tránsito Barajas, padres de Guadalupe Barajas Piña, desaparecida en 2020 y localizada sin vida un año después. Ambos denunciaron negligencia ministerial y retrasos que, aseguran, costaron vidas.
“Buscar a nuestros desaparecidos no debería llevarnos a la muerte”, reclamó Piña, al recordar también el asesinato de su hijo Javier Barajas, quien participaba activamente en la búsqueda de su hermana.
En el evento participaron también Andrea Horcasitas, coordinadora del Programa de Derechos Humanos (PDH) de la Universidad Iberoamericana; Humberto Guerrero, integrante de Fundar, Centro de Análisis e Investigación; y María Luisa Aguilar, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
“Decir que México puede resolver esto sin apoyo internacional es faltarle a la verdad”, aseveró Horcasitas.
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