Grupo Salinas denuncia al Estado mexicano ante la CIDH por persecución política

Grupo Salinas informó que presentó una denuncia formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado mexicano, al que acusa de una persecución política sistemática en contra de su presidente y fundador, Ricardo B. Salinas Pliego.

La acción se realizó el 13 de enero en Washington D.C., en el marco de una reunión de alto nivel en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA).

De acuerdo con el grupo empresarial, la petición fue expuesta directamente ante Pedro Vaca, relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, ahí documenta una serie de actos que buscan restringir la participación de Salinas Pliego en el debate público y limitar su derecho a la libre expresión.

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El empresario informó en sus redes sociales sobre la primera reunión y explicó que entregó un expediente con pruebas del presunto acoso sistemático que él y Grupo Salinas enfrentan por parte del gobierno mexicano.

Afirmó que el caso no es un ataque personal, sino un intento por sentar un precedente para usar al Estado —e incluso al crimen organizado, según su dicho— como mecanismo de castigo contra opositores políticos y para restringir la libertad de expresión.

Advirtió que en México se busca imponer el miedo como método de control, pero aseguró que continuará defendiendo la legalidad y el derecho de los ciudadanos a alzar la voz, reiterando que no cederá ante "un gobierno autoritario".

En el documento entregado al organismo internacional, Grupo Salinas sostiene que el Estado mexicano ha utilizado diversas herramientas de represalia para silenciar las críticas del empresario.

Entre ellas destaca la llamada “criminalización de la crítica”, que, según la denuncia, se ha llevado a cabo mediante el uso de vocerías oficiales y espacios de comunicación institucional para dañar su reputación y la de sus empresas.

Como ejemplo, se menciona que en más de 300 conferencias matutinas se han abordado temas relacionados con Salinas Pliego, lo que, a decir del grupo, responde a una estrategia de desgaste público.

Otro de los puntos centrales es el presunto hostigamiento administrativo. Grupo Salinas afirma que sus empresas han sido objeto de auditorías excesivas y coordinadas por distintas dependencias del Estado, las cuales —aseguran— se duplicaron durante las administraciones de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y Claudia Sheinbaum, en comparación con gobiernos anteriores.

La denuncia también advierte sobre lo que califican como una “captura del Poder Judicial ”. Según el documento, la reciente reforma judicial ha debilitado la independencia de los tribunales, dejando a ciudadanos y empresas sin una vía imparcial para defenderse de posibles abusos del Ejecutivo.

En el ámbito fiscal, Salinas Pliego expuso ante la CIDH que, pese a su disposición para resolver obligaciones tributarias conforme a la ley, el Estado habría respondido con negativas y un trato discriminatorio, lo que, a su juicio, evidencia un uso político y coercitivo del aparato fiscal, más que un objetivo recaudatorio.

Grupo Salinas subrayó que el caso no se limita a una disputa individual, sino que refleja una crisis institucional más amplia en México, caracterizada —según su postura— por patrones de hostigamiento contra voces críticas y una reducción del pluralismo democrático.

Con esta acción, solicitan que la CIDH declare la responsabilidad internacional del Estado mexicano y emita medidas de no repetición que garanticen la independencia judicial, así como la protección de la libertad de expresión y del derecho de propiedad.

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