Chiapas aprueba interrupción del embarazo en niñas para la protección de menores en caso de abuso
Con 31 votos a favor, Chiapas aprueba interrupción del embarazo en menores. La nueva ley obliga al Estado a dar atención médica y denunciar el delito.
El Congreso de Chiapas aprobó el pasado 29 de octubre una ley histórica. En Tuxtla Gutiérrez, la Sexagésima Novena Legislatura dio luz verde a la Iniciativa de Ley de Interrupción Legal del Embarazo de Niñas y Adolescentes durante su sesión ordinaria.
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Con una votación de 31 a favor, dos en contra y dos abstenciones, la medida busca garantizar el acceso a servicios de salud para menores víctimas de violación. Esta decisión alinea al estado con fallos de la SCJN y refuerza la despenalización hasta las 12 semanas aprobada en 2024. Chiapas aprueba interrupción del embarazo en un contexto de altas tasas de violencia sexual.
¿En qué consiste la nueva ley?
La norma regula el acceso al procedimiento en todas las instituciones del Sistema Estatal de Salud. Está diseñada específicamente para niñas y adolescentes que sufrieron una violación.
Además, obliga al personal médico a notificar inmediatamente a las autoridades competentes para investigar el delito. Esto promueve una respuesta coordinada entre el sector salud y la justicia.
¿Por qué es una medida urgente?
El embarazo en menores en Chiapas frecuentemente no es una decisión voluntaria, sino una secuela de abusos graves. La ley prioriza la atención inmediata, confidencial, gratuita y segura.
Se basa en principios rectores como la dignidad humana, la perspectiva de género y el interés superior de la niñez. El objetivo es eliminar barreras burocráticas y la estigmatización.
¿Cómo fue el debate legislativo?
La sesión fue presidida por la diputada Alejandra Gómez Mendoza. El debate reflejó un amplio consenso sobre la necesidad de proteger a las víctimas, aunque no fue unánime.
Legisladoras como Elvira Catalina Aguiar y Getsemaní Moreno Martínez argumentaron a favor, destacando la urgencia de proteger a las víctimas de violencia sexual y actuar en consecuencia.
¿Qué impacto tendrá en la salud pública?
Las afectadas ya no enfrentarán obstáculos para acceder al servicio. El personal de salud deberá capacitarse obligatoriamente en enfoques de derechos humanos y no criminalización.
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Se busca que el acceso a la interrupción sea de calidad y libre de discriminación en toda la entidad. Esto representa un cambio práctico en la atención a víctimas menores de edad.
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