Como lo anunció el presidente Nayib Bukele desde el pasado 17 de abril, El Salvador endurecerá su sistema penal juvenil a partir del domingo 26 de abril a través de una reforma histórica a nivel global, menores de 12 años podrán recibir cadena perpetua por cometer delitos graves como:
- Homicidio y feminicidio
- Violación
- Pertenencia a pandillas o terrorismo
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Dicha medida elimina los “beneficios especiales” para los adolescentes y los equipara con adultos con el fin de frenar el reclutamiento de pandillas en menores de edad.
De acuerdo con el decreto 533 de la Asamblea Legislativa,(se abre en nueva pestaña) la modificación afecta el artículo 27 de la Constitución y leyes penales para que los menores, que antes recibían penas limitadas, ahora no tengan distinción alguna con adultos en tema de delitos graves.
Este cambio redefine el enfoque no solo en El Salvador, también todo el mundo, pues abandona la idea de la rehabilitación como un eje y se prioriza el castigo y la seguridad pública.
La intención del país sudamericano es focalizar las sanciones en delitos de alto impacto social, pues según Bukele la norma actual “prácticamente daba impunidad para cometer delitos a los menores de 18 años”.
¿Cuáles fueron los cambios en el juicio y encarcelamiento?
Los ajustes clave fueron:
- Los juzgados juveniles pasarán a tribunales comunes
- Los procesos judiciales serán igual al de los adultos
- Los sentenciados serán trasladados a cárceles de máxima seguridad
El sistema, ahora más rígido y represivo contempla revisiones tras 25 años de prisión, con evaluaciones cada 5 años, y aunque existe la opción de “quedar en libertad” la realidad resulta lejana y condicionada.
¿Por qué el gobierno tomó estas medidas?
Según el “Balance de la situación de los derechos y protección de la niñez y adolescencia en El Salvador 2019 a 2020″, el gobierno apunta a la prevención y disuasión tras registrar las siguientes cifras:
- 24,791 delitos contra menores en 2020
- 95 homicidios infantiles
- 2,858 casos de violencia sexual
Sin embargo, organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), alertaron sobre violaciones a los derechos infantiles e incluso riesgos en cárceles de adultos por falta de un enfoque social.
Asimismo advierten posibles abusos y detenciones sin garantías.
Hasta el momento, El Salvador enfrenta un dilema complejo pues aunque la reducción de violencia sigue a la baja, el costo social genera dudas y el debate continúa abierto entre proteger a la sociedad o preservar los derechos de la infancia.
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