Reporteros Sin Fronteras (RSF) y más de 40 medios mexicanos hacen un llamado al gobierno y a las autoridades del país para actuar ante la persistencia de los asesinatos de periodistas y la impunidad que rodea estos crímenes.
Con la pregunta “¿Cuántos más de nosotros tendremos que morir para que el Estado actúe?” RSF llama a la respuesta por parte del Ejecutivo y los estados en la que establezcan mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas que permitan identificar las deficiencias en estos casos de violencia.
RSF y medios exigen prevenir violencia y proteger a periodistas
Medios nacionales y locales junto con RSF publican simultáneamente la alerta para que se trabaje en la prevención de la violencia, protección e investigación de amenazas y muertes de los comunicadores.
El llamado incluye una lista de los periodistas asesinados en México, por lo que la organización y todos los medios participantes exigen al Estado una respuesta acorde con una violencia que no puede convertirse en la norma.
En total, 17 comunicadores han sido asesinados desde el inicio del actual sexenio.
“México no puede acostumbrarse a contar a sus periodistas asesinados. Cada nombre en esta lista representa una deuda del Estado con las víctimas, sus familias y la sociedad en su conjunto. Cada asesinato también genera miedo, alimenta el silencio, amenaza el periodismo y vulnera el derecho de millones de personas a estar informadas” afirmó Artur Romeu, director de RSF América Latina.
“El hecho de que medios de distintas regiones del país se unen hoy para publicar estos nombres envía un mensaje inequívoco: esta situación es insostenible desde hace demasiado tiempo. México necesita una respuesta política a la altura de la gravedad de esta violencia”, añadió.
Crimen organizado principales responsables de la violencia contra periodistas
RSF documentó que estos crímenes son atribuidos principalmente a grupos del crimen organizado, quienes siguen impunes.
Por lo que se exige poner en marcha una respuesta nacional de emergencia frente a la violencia contra periodistas, movilizando de manera coordinada a los distintos niveles: autoridades federales y estatales, fiscalías y el Poder Judicial.
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