La Legislatura del Estado de Querétaro analiza una propuesta para que las corporaciones de seguridad pública de los 18 municipios modifiquen sus esquemas de vigilancia. La medida busca proteger a los estudiantes de educación básica y media superior.
La diputada Adriana Meza Argaluza impulsa esta iniciativa de prevención del delito para combatir riñas y conductas violentas en los entornos escolares.
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¿De qué manera impactaría en las escuelas del estado la reforma analizan en Querétaro?
La propuesta legislativa introduce una estrategia de patrullaje acotado para blindar los planteles educativos durante los momentos de mayor vulnerabilidad. El proyecto descarta la presencia permanente de agentes armados dentro de las instituciones, priorizando la vigilancia exterior para garantizar la paz comunitaria.
Las secundarias y bachilleratos de la entidad experimentarán los siguientes ajustes si el pleno aprueba el documento:
- Refuerzo en horarios de entrada y salida: las patrullas municipales concentrarán los rondines preventivos en las horas pico de afluencia estudiantil por registrar el mayor índice de conflictos.
- Vigilancia en secundarias y bachilleratos: las corporaciones locales vigilarán los perímetros de las escuelas de nivel medio superior y básico de los 18 ayuntamientos.
- Optimización del estado de fuerza: las policías locales utilizarán la infraestructura existente bajo las pautas presupuestales vigentes.
¿En qué leyes se fundamenta el exhorto de la diputada Adriana Meza Argaluza?
La iniciativa de seguridad pública se apoya en el interés superior de la niñez previsto en el artículo 4 de la Constitución Federal. La propuesta asigna la responsabilidad de resguardo a los municipios debido a las facultades de prevención que poseen de forma legal.
El sustento jurídico que obliga a la intervención de las corporaciones locales integra las siguientes normativas constitucionales:
- Aplicación del Artículo 115 Constitucional: los ayuntamientos ejercerán sus atribuciones en materia de seguridad pública y prevención del delito en los alrededores de los planteles.
- Garantía de entornos libres de violencia: las autoridades locales deben coordinar acciones que respeten los derechos humanos y fomenten una convivencia pacífica entre las juventudes.
Los comisarios de los 18 municipios deberán trazar los mapas de riesgo escolar antes de la votación del dictamen en el Congreso. Por su parte, las comisiones de padres de familia deben reportar cualquier anomalía en los accesos de las escuelas.
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