En su informe anual 2025, “Estructuras del silencio: censura, opacidad y vigilancia”, la organización Artículo 19 documenta un deterioro sistemático de la libertad de expresión en la región, así como la instrumentación de una arquitectura legal de vigilancia masiva como lo es la CURP Biométrica.
Aprovechándose de la crisis de desapariciones y a través de estructuras cada vez más sofisticadas, se busca anular la crítica y restringir el derecho a informar, de acuerdo con Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19 México y Centroamérica.
Actualmente la censura ya no se expresa únicamente mediante asesinatos, desapariciones o encarcelamientos sino también ejerciendo violencia institucional.
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Más vigilancia, menos transparencia
Artículo 19 sostiene que el gobierno construyó una arquitectura legal de vigilancia masiva, amparándose en el discurso de seguridad y en la crisis nacional de desapariciones como justificación política.
El caso paradigmático es la Cédula Única del Registro de Población biométrica (CURP biométrica), la cual —por más que se diga lo contrario— es obligatoria para acceder a servicios públicos o privados incorpora huellas dactilares y fotografía, almacenadas en una Plataforma Única de Identidad conectada al Registro Nacional de Población y a una Plataforma Central de Inteligencia bajo el control del Centro Nacional de Inteligencia. De manera tramposa se pretende justificar su puesta en marcha con la tragedia de más de 133,000 personas desaparecidas y no localizadas. En realidad, el Estado se vale del dolor como llave política para centralizar la información biométrica y convertir cada interacción cotidiana en una huella rastreable.
— se lee en el documento.
“Al mismo tiempo, la nueva Ley de Telecomunicaciones exige que todos los chips de los teléfonos celulares se asocien a una persona identificable y mantiene ambigüedades fundamentales sobre el acceso a la geolocalización en tiempo real y a datos conservados. Por si fuera poco, el nuevo Artículo 30-B del Código Fiscal de la Federación habilita el acceso ‘permanente, irrestricto y en tiempo real’ a información de plataformas digitales, con redacciones laxas que desbordan cualquier fin tributario y vuelven plausible un modelo de supervisión estatal continua”, agrega.
De este modo se evidencia que en México se conforma un escenario de control y supervisión alarmante: mientras el acceso a la información pública vía solicitudes de transparencia se restringe cada vez más (debido a la desaparición del INAI), el gobierno institucionaliza la vigilancia ciudadana a través de la interconexión de bases de datos públicas y privadas; el uso de información biométrica y el acceso a datos en tiempo real. Todo esto sin controles judiciales.
El Estado cada vez más sabe de nosotros, la ciudadanía cada vez sabe menos del Estado. Esa asimetría tiene consecuencias profundas
— subrayó.
Derivado de esta situación se genera la autocensura, que llega cuando las personas se saben vigiladas y no tienen mecanismos eficientes de acceso a información pública, explicó.
“El silencio se impone hoy de muy diversas formas, conviven viejas y nuevas formas de represión; se construyen, sí, con violencia, pero también con leyes, con tecnología, con discursos estigmatizantes y con opacidad”, aseveró.
Artículo 19 advierte que estas herramientas tecnológicas y normativas están siendo utilizadas para observar y amedrentar a voces críticas, generando un efecto inhibidor en el debate público.
El poder, que debería garantizar la libertad de expresión, se convirtió en un factor de riesgo para ejercerla.
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