El Congreso del Estado de Puebla analiza una reforma al Código Penal para tipificar el “aguachicoleo” como un delito independiente, estableciendo sanciones severas contra quienes sustraigan, se apoderen o comercialicen el recurso hídrico ilegalmente.
Esta iniciativa, presentada por el diputado Elpidio Díaz Escobar, busca reformar el artículo 374 para eliminar la ambigüedad legal que actualmente equipara el robo de agua con el de cables o señales viales. La propuesta responde a la crisis de desabasto en la entidad, donde Agua de Puebla para Todos reporta que el 40% del suministro se pierde por fugas y tomas clandestinas en este 2026.
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¿Cuáles son las penas por el “aguachicoleo” en Puebla según la nueva propuesta?
La LXI Legislatura plantea castigos que escalan según el perfil del infractor y la gravedad de la explotación del mercado negro del agua.
Sanciones propuestas en el Código Penal:
- Pena base: De 4 a 10 años de prisión para ciudadanos que realicen la sustracción o comercialización ilícita.
- Agravante para servidores públicos: La pena aumentará un 50% si el responsable es un funcionario encargado de supervisar el suministro.
- Sentencia máxima: El castigo alcanzará los 15 años de cárcel en casos donde se involucre personal de instituciones de agua.
¿Por qué el Congreso de Puebla busca independizar el delito de robo de agua?
El diputado Elpidio Díaz Escobar argumentó que el vacío legal actual impide una persecución efectiva de las redes de “huachicoleros” de agua que operan en la zona metropolitana.
Fundamentos de la iniciativa:
- Claridad Jurídica: Separar el agua potable de otros servicios como el alumbrado o las telecomunicaciones para facilitar la emisión de sentencias.
- Impacto Social: Proteger el derecho humano al agua de miles de poblanos afectados por el mercado negro.
- Frenar tomas clandestinas: Desincentivar la proliferación de conexiones ilegales que impiden un correcto suministro y dañan la infraestructura estatal.
¿Qué facultades tendrá Agua de Puebla ante esta nueva ley?
De aprobarse la reforma, la concesionaria y la Fiscalía General del Estado (FGE) contarán con un marco normativo robusto para denunciar y procesar a quienes lucran con el recurso hídrico.
- Inspecciones de campo: Identificación técnica de tomas no autorizadas y clausura inmediata.
- Denuncia ciudadana: Sistema de reporte para detectar puntos de comercialización ilegal de agua potable.
- Sanciones administrativas: Además de la cárcel, los responsables enfrentarán multas por el daño a la red hidráulica del estado.
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