El director de la Administración para el Control de las Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Terry Cole, informó que aún existen fallos pendientes contra el extitular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Genaro García Luna, en Estados Unidos (EUA).
Asimismo, declaró que la dependencia aún buscará más activos del exfuncionario federal, luego que de se dio a conocer que el Gobierno de México recuperará cinco millones 805 mil 693 dólares derivados de una demanda civil que se ganaron en Florida contra presuntos socios.
“Estados Unidos tiene sentencias pendientes y separadas relacionadas con García Luna y también continuará buscando compensación de activos ligados a sus actividades corruptas”, destacó en una imagen que compartió en su cuenta de X.
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EUA aún tiene fallos pendientes contra García Luna
Asimismo, Cole puntualizó que uno de los principales objetivos de Estados Unidos es combatir a la corrupción, debido a que tiene relación con los cárteles de la droga, razón por la que seguirá la investigación contra el exfuncionario mexicano.
“La corrupción sigue siendo una de las armas más poderosas de los cárteles y la DEA está comprometida a desenmascarar a los funcionarios y las redes que anteponen los intereses de los cárteles a los de las personas a las que han jurado servir”, puntualizó.
Conviene recordar que a Genaro García Luna fue condenado a 38 años de prisión en Estados Unidos tras comprobarse que recibió sobornos del Cártel de Sinaloa, así como de traficar drogas.
¿Por qué México recuperó dinero de una demanda contra Genaro García Luna?
El pasado 28 de agosto el Gobierno de México dio a conocer que obtuvo más de 5.8 millones de dólares tras una juicio que promovió la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en el estado de Florida.
De acuerdo a las autoridades nacionales, la demanda buscaba restituir los recursos del erario público que fueron desviados mediante los esquemas de contratación ilegal, así como la simulación de contratos durante gestiones de García Luna cuando era secretario de Seguridad.
Específicamente, el dinero proviene de liquidación de propiedades, así como de activos inmobiliarios que se habría adquirido mediante empresas fantasma y prestanombres.
“Se reconoció la legitimidad del Estado mexicano para litigar el caso y el 19 de mayo de 2026 se dictó sentencia condenatoria a favor del Estado mexicano”, explicó el titular de la UIF, Omar Reyes.
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