El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) desautorizó este domingo declaraciones realizadas por su secretaria, Kristi Noem, y aclaró que los migrantes venezolanos que perdieron el Estatus de Protección Temporal (TPS) no pueden solicitar refugio desde territorio estadounidense y deben regresar a su país de origen.
La controversia se originó luego de que Noem afirmara en una entrevista televisiva que las personas amparadas previamente por el TPS tenían la posibilidad de iniciar un proceso para obtener refugio en Estados Unidos. Sus declaraciones generaron expectativas entre unas 600,000 personas que habían quedado sin protección migratoria tras la decisión del gobierno de Donald Trump de poner fin al programa.
Horas más tarde, el propio DHS corrigió públicamente a su titular y sostuvo que la normativa vigente no permite ese tipo de solicitudes. La agencia insistió en que las personas sin estatus legal deben abandonar el país y recalcó que el sistema de refugio solo puede activarse antes del ingreso a Estados Unidos.
This is not what Secretary Noem said. President Trump is bringing stability to Venezuela and bringing to justice an illegitimate Narco Terrorist dictator who stole from his own people.
— Homeland Security (@DHSgov) January 4, 2026
Secretary Noem ended Temporary Protected Status for more than 500,000 Venezuelans and now… https://t.co/vXyyBtDKSP
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TPS, refugio y un escenario de creciente incertidumbre
El Estatus de Protección Temporal (TPS) fue creado por el Congreso de Estados Unidos en 1990 como una medida humanitaria para impedir deportaciones a países afectados por conflictos armados, desastres naturales u otras condiciones extremas. La designación, que depende exclusivamente del Departamento de Seguridad Nacional, puede ser otorgada o cancelada por decisión administrativa.
Durante la Administración de Joe Biden, más de 600,000 ciudadanos venezolanos recibieron TPS en dos etapas, en 2021 y 2023. Sin embargo, tras asumir el poder, el gobierno de Trump revirtió esas protecciones, una medida avalada de forma provisional por la Corte Suprema mientras continúan los litigios en tribunales inferiores.
La eliminación del TPS ha dejado a cientos de miles de personas en una situación legal incierta, especialmente en estados como Florida, donde se concentra una de las mayores comunidades migrantes venezolanas. Autoridades locales han pedido restablecer el programa, argumentando que el regreso masivo a un país políticamente inestable representa un riesgo humanitario.
La postura del Gobierno federal se enmarca en una política migratoria más restrictiva que también ha limitado severamente el acceso al asilo y ha congelado trámites migratorios de ciudadanos provenientes de 19 países, entre ellos Venezuela. Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), más de 1,4 millones de solicitudes de asilo permanecen pendientes y podrían verse afectadas por estas medidas.
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