El nuevo obstáculo para los cheques de estímulo $2.000 dólares por el dividendo arancelario de Trump
La propuesta de Donald Trump para entregar cheques de estímulo de $2.000 dólares enfrenta una creciente muralla política y legal que podría frenarla.
La promesa del presidente Donald Trump de enviar cheques de estímulo de $2.000 dólares financiados con los ingresos arancelarios ha entrado en un terreno complejo. Aunque la Casa Blanca insiste en avanzar, la propuesta se topa con una fuerte resistencia dentro del propio Partido Republicano, evidenciando una brecha política que pone en duda su viabilidad.
Durante un foro de inversión en Washington, Trump reiteró que su administración planea repartir "un dividendo de al menos $2.000 dólares" para personas de ingresos bajos y medios, pese a las advertencias de altos legisladores republicanos.
Este choque interno vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre el costo de vida, el déficit federal y los límites del poder ejecutivo en un año electoral especialmente tenso.
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Un plan en el centro del debate económico
El mandatario ha asegurado en su red Truth Social que el país está preparado para entregar un “dividendo de al menos $2.000 dólares por persona”, financiado con los ingresos generados por sus políticas comerciales ampliadas. Según Trump, los aranceles han producido “billones de dólares” para Estados Unidos , fortaleciendo la economía nacional.
Sin embargo, un análisis de Tax Foundation citado en NewsWeek estima que el gobierno ha recaudado $120.000 millones de dólares en ingresos arancelarios, cifra muy por debajo de los $300.000 millones necesarios para cubrir el pago de $2.000 dólares a unos 150 millones de estadounidenses. Expertos como Erica York advierten que los ingresos actuales son insuficientes y piden mayor transparencia sobre el plan.
La resistencia republicana y el obstáculo legal
Dentro del Capitolio, la oposición ha sido contundente. Legisladores como Rand Paul, Jodey Arrington, John Thune y Shelley Moore Capito argumentan que los ingresos arancelarios deberían destinarse a reducir el déficit y no a pagos directos. Para algunos senadores, el plan podría incluso resultar inflacionario, mientras que otros recalcan que cualquier estímulo de este tipo “tiene que pasar por el Congreso”.
Además, varios de los fondos ya están comprometidos para compensar reducciones de impuestos previas, lo que complica aún más la disponibilidad real de dinero.
La propuesta también enfrenta un escenario legal incierto. El fallo pendiente del Tribunal Supremo determinará si un presidente puede imponer aranceles de manera unilateral bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. La decisión podría limitar la capacidad de redirigir ingresos arancelarios y afectar directamente el futuro del llamado dividendo arancelario.
Por ahora, la administración no ha aclarado quiénes serían elegibles, cómo se entregarían los pagos ni el cronograma para su implementación. Incluso el secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha señalado que el plan podría traducirse en reducciones o créditos fiscales, más que en cheques directos.
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