La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, presentó un informe actualizado sobre el descarrilamiento del Tren Interoceánico, que dejó 14 personas muertas y más de 100 heridas, el 28 de diciembre en Nizanda, Oaxaca.
Concluyó que ningún integrante del sistema de transporte, adscrito a la Secretaría de Marina (Semar), tiene responsabilidad penal por el accidente.
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¿Qué dijo Ernestina Godoy sobre el descarrilamiento del Tren Interoceánico?
Godoy indicó que el accidente tuvo su origen por el exceso de velocidad, y que 145 personas (114 adultos y 31 niñas, niños y adolescentes) han recibido de forma inmediata la reparación integral del daño. Con ello, agregó la funcionaria, también se genera la extinción de la acción penal para avanzar en la resolución el caso.
"Las personas agraviadas optaron por concluir el conflicto a través de la justicia alternativa, lo que implicó la firma de acuerdos reparatorios", dijo.
Añadió que este mecanismo busca evitar procesos prolongados y garantizar compensaciones directas. "Estos acuerdos ofrecen siempre una opción más eficaz y menos desgastante para las víctimas".
¿Quiénes son los culpables del descarrilamiento del Tren Interoceánico?
Godoy Ramos agregó que se pudieron acreditar los presuntos delitos de homicidio y lesiones culposas contra el maquinista Felipe de Jesús Díaz Gómez, el conductor Emilio Erasmo Canteros Méndez y el jefe de despacho, Ricardo Mendoza Cerón.
No obstante, hizo hincapié en que, por lo que hace al delito de daño en bienes, la empresa decidió otorgar el perdón de parte ofendida. Es decir, de ser hallados culpables en el juicio, no serán condenados a reparar un daño a la paraestatal.
"En lo que se refiere a los delitos de uso ilícito de atribuciones y de servicio indebido del servicio público, lo descartamos con base en la información debidamente proporcionada por la empresa ferroviaria, así como por el análisis de 6 auditorías de la Auditoría Superior de la Federación y otras 6 auditorías y 5 expedientes de investigación ya concluidos por parte de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, relativos a 41 contratos públicos relacionados con la vía, adquisición del material moviente y el mantenimiento a ambos", dijo
Reiteró que no se debió a un problema en la obra impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
"En todos los casos, sin observaciones penales que denunciar por ambas dependencias. Además, con las diligencias ministeriales y periciales en materia de ingeniería y arquitectura, topografía y seguridad industrial, se corroboró que la calidad de los elementos de la vía en el punto del siniestro y de las condiciones de las locomotoras y vagones cumplen con la norma aplicable", indicó.
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