Foto: Comunicaciones Tian
La tarde del martes 18 de septiembre se dio a conocer que, desde que iniciaron las manifestaciones contra el gobierno de Daniel Ortega, 136 personas han sido detenidas por el delito de terrorismo.
Esto luego de que el titular del Juzgado Quinto del Distrito Penal de Audiencia de Managua, Julio César Arias aceptara la acusación del Ministerio Público y ordenara como medida cautelar, prisión para quienes se manifiesten en contra del gobierno.
Luego de la decisión, la Comisión Permanente de Derechos Humanos, afirmó que el proceso contra los culpados es ilegal, ya que estos fueron supuestamente arrestados por civiles, sin orden judicial y sin haber cometido ningún delito puesto que las autoridades no brindaron información sobre el paradero de los detenidos y pasaron encarcelados más de 48 horas sin una acusación legal.
Posteriormente la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha responsabilizado al gobierno de “más de 300 muertos” así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual.
Expertos coinciden en que la ley relacionada al terrorismo se ha convertido en la principal arma política del gobierno; tan solo en Managua, la policía ha remitido 136 personas al Ministerio Público, acusadas de cometer supuestos actos terroristas, entre otros delitos.
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