Las Afores en la mira: el robo legalizado que el gobierno prepara contra los trabajadores
Bibiana Belsasso alerta que el control del Estado sobre las Afores no es reforma: es apropiación. ¿Qué sucede cuando un gobierno ve los fondos de retiro como botín?
En su columna Las Afores , la gran tentación, Bibiana Belsasso advierte que los fondos privados de retiro, gestionados por las Afores, “han despertado, una vez más, la tentación del poder: la idea de que el Gobierno podría administrar directamente ese dinero”.
Lo que la periodista denuncia es más que un cambio de modelo: es un agravio al trabajador. Belsasso recuerda que esos recursos son “producto del trabajo de cada persona” y están bajo resguardo de las Afores para garantizar independencia frente al Estado.
Como señala Bibiana Belsasso, el establecimiento del Fondo de Pensiones del Bienestar y la transferencia de cuentas inactivas al Estado marcan el primer movimiento de un escenario peligroso: “convertirlo en un fondo ‘de interés público’ es alterar su naturaleza. Y hacerlo sin consentimiento directo de los ahorradores equivaldría, en la práctica, a una expropiación parcial”.
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El sistema de Afores se diseñó para separar el ahorro de los trabajadores de la política y la propaganda. Bibiana Belsasso enfatiza que modificar las reglas administrativas para que esos recursos “solo puedan invertirse en ciertos proyectos gubernamentales” representa un riesgo real y tangible.
Según Belsasso, no estamos ante una reforma, sino ante una maniobra de apropiación disfrazada de social: el poder ve esos billones como suyos. Y lo peor: el trabajador podría pagar el costo de un recorte de rendimientos, de menor autonomía o de mayor dependencia estatal.
La columna de Bibiana Belsasso es un llamado de alerta a no dejar que nuestro retiro sea el próximo cheque con que el Estado se salde la factura. Porque cuando el gobierno empieza a mirar ese ahorro como “recurso público”, la libertad financiera de millones pasa de ser objetivo a daño colateral. En lugar de proteger al ciudadano, se convierte en garante de una agenda política. Y eso no es reforma: es robo legalizado.
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