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Las Afores en la mira: el robo legalizado que el gobierno prepara contra los trabajadores

Bibiana Belsasso alerta que el control del Estado sobre las Afores no es reforma: es apropiación. ¿Qué sucede cuando un gobierno ve los fondos de retiro como botín?

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Las Afores, un robo legalizado se aproxima|Getty Images

En su columna Las Afores, la gran tentación, Bibiana Belsasso advierte que los fondos privados de retiro, gestionados por las Afores, “han despertado, una vez más, la tentación del poder: la idea de que el Gobierno podría administrar directamente ese dinero”.

Lo que la periodista denuncia es más que un cambio de modelo: es un agravio al trabajador. Belsasso recuerda que esos recursos son “producto del trabajo de cada persona” y están bajo resguardo de las Afores para garantizar independencia frente al Estado.

Como señala Bibiana Belsasso, el establecimiento del Fondo de Pensiones del Bienestar y la transferencia de cuentas inactivas al Estado marcan el primer movimiento de un escenario peligroso: “convertirlo en un fondo ‘de interés público’ es alterar su naturaleza. Y hacerlo sin consentimiento directo de los ahorradores equivaldría, en la práctica, a una expropiación parcial”.

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El sistema de Afores se diseñó para separar el ahorro de los trabajadores de la política y la propaganda. Bibiana Belsasso enfatiza que modificar las reglas administrativas para que esos recursos “solo puedan invertirse en ciertos proyectos gubernamentales” representa un riesgo real y tangible.

Según Belsasso, no estamos ante una reforma, sino ante una maniobra de apropiación disfrazada de social: el poder ve esos billones como suyos. Y lo peor: el trabajador podría pagar el costo de un recorte de rendimientos, de menor autonomía o de mayor dependencia estatal.

La columna de Bibiana Belsasso es un llamado de alerta a no dejar que nuestro retiro sea el próximo cheque con que el Estado se salde la factura. Porque cuando el gobierno empieza a mirar ese ahorro como “recurso público”, la libertad financiera de millones pasa de ser objetivo a daño colateral. En lugar de proteger al ciudadano, se convierte en garante de una agenda política. Y eso no es reforma: es robo legalizado.

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