La reforma modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) para establecer que quienes busquen la presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de CDMX deberán renunciar a cualquier otra nacionalidad antes de solicitar su registro como candidatura.
La oposición rechazó el dictamen al considerar que la medida afecta a mexicanos con doble nacionalidad y cuestionó que tener una segunda ciudadanía sea utilizado como argumento para poner en duda su vínculo con México.
Durante el debate también surgieron señalamientos de que la reforma podría tener efectos sobre aspiraciones políticas concretas, entre ellas las de Francisco García Cabeza de Vaca; esta interpretación fue planteada por sus opositores y forma parte de la controversia política alrededor del proyecto.
