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UIF congela cuentas de Rubén Rocha Moya e hijos

El bloqueo también se impuso al senador Enrique Inzunza Cázarez.

Rubén Rocha Moya. (FB: Rubén Rocha Moya)

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, congeló las cuentas bancarias del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de acuerdo con una investigación del portal Emeequis.

El bloqueo también se impuso a sus hijos Rubén Rocha Ruiz, Ricardo Rocha Ruiz y José de Jesús Rocha Ruiz, así como al senador por Morena Enrique Inzunza Cázarez y otros nueve señalados por el gobierno de Estados Unidos de tener vínculos con el narcotráfico.

Conforme al Acuerdo 156/2026 emitido por la UIF el pasado 06 de Mayo de 2026 al sector financiero a través de la CNBV, esta medida implica la suspensión total de cualquier operación bancaria y el congelamiento de sus activos dentro del sistema financiero mexicano

—  indica el reportaje publicado hoy por el periodista Jorge García Orozco.

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El resto de los acusados son Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa; Damaso Castro Zaavedra exvicefiscal general; Marco Antonio Almazán Avilés, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Sinaloa; Alberto Jorge Contreras Núñez, “Cholo”, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado del estado.

Además Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública estatal; José Antonio Dionisio Hipólito, “Tornado”, exsubdirector de la Policía Estatal de Sinaloa; Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde con licencia de Culiacán, y Juan Valenzuela Millán, “Juanito”, excomandante de alto nivel en la Policía Municipal de Culiacán.

A cada uno de los 10 señalados por la autoridad del vecino país, se les acusa de narcotráfico y delitos relacionados con armas. Con excepción de “Juanito” a quien también se le señaló de delitos relacionados con su participación en secuestros de una fuente de la DEA y de un familiar de la fuente que resultaron en sus muertes.

Los acusados podrían alcanzar penas desde 40 años de prisión hasta cadena perpetua.

Las instituciones financieras tendrían un plazo de 10 días hábiles para ejecutar el congelamiento total de cuentas y activos relacionados con las personas incluidas en la notificación.

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