El exsecretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, generó debate luego de publicar un artículo en la Brookings Institution donde advierte que recortar salarios y empleo en el sector público puede debilitar al Estado, una postura que contrasta con las políticas que impulsó durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
En el texto titulado ¿Subestiman los responsables políticos el empleo público?, Herrera sostiene que la austeridad basada en despidos y reducción de prestaciones compromete la calidad de servicios esenciales como salud, educación y seguridad, además de provocar la salida de personal calificado.
Sin embargo, exfuncionarios y analistas han señalado que dichas consecuencias coinciden con lo ocurrido en México entre 2019 y 2024, cuando se aplicó la Ley de Austeridad Republicana.
When confronted with fiscal deficits, governments consider reductions in public-sector wages. While such measures can reduce deficits in the short term, they carry significant long-term risks, such as compromising the delivery of essential services and undermining overall state…
— Arturo Herrera Gutiérrez (@ArturoHerrera_G) March 6, 2026
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Recortes, despidos y pérdida de talento institucional
De acuerdo a Raúl González-Pietrogiovanna, durante ese periodo, el gobierno federal implementó una política de reducción del gasto que impactó directamente a la administración pública. Más de 100 mil funcionarios fueron afectados por recortes salariales, eliminación de prestaciones y despidos.
Las medidas alcanzaron principalmente a personal del Servicio Profesional de Carrera, es decir, funcionarios seleccionados por mérito técnico, lo que derivó en la salida de especialistas con años de experiencia en áreas clave del Estado.
Instituciones como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y otras dependencias federales registraron una pérdida significativa de personal calificado, debilitando su capacidad operativa.
Megaproyectos y reasignación del gasto público en el sexenio de AMLO
Mientras se aplicaban recortes en la estructura gubernamental, la administración de Andrés Manuel López Obrador impulsó una serie de megaproyectos considerados prioritarios. Entre ellos destacan: la refinería Dos Bocas, el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
Estos proyectos concentraron una parte relevante del gasto público durante el sexenio. En el caso de Dos Bocas, especialistas han señalado sobrecostos frente al presupuesto original, mientras que el Tren Maya implicó inversión en infraestructura ferroviaria, turística y social en el sureste del país.
El Aeropuerto Felipe Ángeles, por su parte, fue desarrollado por la Secretaría de la Defensa Nacional como alternativa al cancelado NAIM y se convirtió en una de las obras emblemáticas del gobierno federal.
Desde siempre, la crítica ha apuntado que, en paralelo a la política de austeridad en el aparato burocrático, estos proyectos absorbieron recursos significativos y que descuidaron áreas prioritarias para el país.
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Ahorros limitados frente a un mayor gasto público
De acuerdo con cifras oficiales citadas en el análisis, los ahorros derivados de la austeridad fueron limitados. En 2019 se reportaron 71 mil millones de pesos, pero para 2021 estos representaban apenas el 0.09% del gasto público total.
Al mismo tiempo, el gasto público como proporción del PIB aumentó durante el sexenio, al igual que el déficit fiscal, lo que llevó a cuestionamientos sobre la efectividad de los recortes.
Especialistas señalan que los recursos se redirigieron a proyectos prioritarios de infraestructura y programas sociales, sin que ello compensara la pérdida de capacidades institucionales.
Arturo Herrera y las contradicciones tras publicación
Las reacciones al artículo de Herrera no se hicieron esperar, debido a que cuestionaron la postura del exsecretario, al considerar que describe efectos derivados de decisiones que él mismo ayudó a implementar.
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La salida de Carlos Urzúa y el quiebre con AMLO
El debate también revivió la renuncia de Carlos Urzúa Macías en julio de 2019 marcó uno de los primeros quiebres dentro del gabinete económico del gobierno anterior.
En su carta pública, el entonces secretario de Hacienda denunció la imposición de decisiones de política económica sin sustento técnico, la presencia de funcionarios con posibles conflictos de interés y un entorno donde, según señaló, prevalecían criterios políticos sobre la evidencia.
Su salida fue interpretada como una alerta sobre el rumbo económico de la administración y evidenció tensiones internas en la conducción de las finanzas públicas del país.
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