En un movimiento legal de trascendencia internacional, la Secretaría General de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) notificó el pasado 2 de febrero la admisión de una denuncia en la que revisará violaciones a los derechos humanos a las recientes reformas al Poder Judicial y cambios a la Ley de Amparo.
El recurso, presentado originalmente en diciembre de 2025 por Germán Martínez Cázares, Rafael Estrada Michel y Juan Marcos Gutiérrez González, busca determinar si los cambios legislativos en materia Judicial, de Guardia Nacional, de Amparo y de Supremacía Constitucional violan sentencias históricas previas.
Reformas a la Constitución son regresivas
La denuncia activa un mecanismo de supervisión de cumplimiento de sentencias relacionado con tres casos emblemáticos de violaciones graves a derechos humanos: Radilla Pacheco (2009), Fernández Ortega (2010) y Rosendo Cantú (2010). En aquel entonces, la CIDH condenó al Estado mexicano a fortalecer su marco jurídico para garantizar que las desapariciones forzadas y agresiones militares contra civiles no se repitieran.
Aunque México mostró avances significativos en 2011 y 2013 con la reforma constitucional de derechos humanos y la nueva Ley de Amparo , los denunciantes sostienen que el paquete de reformas impulsado en 2024 y 2025 son regresivas y van en contradicción a lo que ya se había avanzado.
Ateriormente se reformó el artículo 1 constitucional en 2011, donde amplió los derechos humanos extendiéndolos hacia los tratados internacionales en los que México es parte; luego en 2013 se emitió la nueva Ley de Amparo fortaleciendo en forma inédita las posibilidades de defensa de los derechos humanos.
Además se reformó el artículo 57 del código penal militar, para evitar que los delitos de militares contra civiles fueran juzgados por tribunales militares sino comunes, cuando la victima fuera un civil
Los puntos críticos de la denuncia
El documento señala que las reformas actuales representarían una violación a los derechos humanos por tres razones fundamentales:
- Debilitamiento del Amparo: Las modificaciones de 2024 y 2025 restan facultades a los jueces y dejan a los ciudadanos vulnerables frente a actos de autoridad.
- Militarización de la Seguridad: La integración de la Guardia Nacional en la Secretaría de la Defensa contradice la orden de mantener un mando civil en tareas de seguridad pública.
- Supremacía Constitucional: Se denuncia que esta reforma pretende blindar violaciones a derechos humanos si estas se plasman en la Constitución, ignorando tratados internacionales.
Próximos pasos ante la CIDH
La Presidencia de la CIDH ha admitido a los denunciantes como amicus curiae (terceros con un interés legítimo) y ha ordenado dar vista a la Comisión Interamericana, a los representantes de las víctimas y al Estado Mexicano.
Tras las respuestas de las partes, se buscará que el tribunal internacional realice audiencias y peritajes para determinar si México ha incurrido en una regresión democrática. Este proceso se suma al reclamo de la asociación de jueces JUFED, consolidándose como el desafío legal más serio que enfrenta la reforma judicial a nivel mundial.
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