El Parlamento de Turquía aprobó una ley que reduce las penas y permite la liberación de unos 90 mil presos con el fin de descongestionar las prisiones ante el brote del COVID-19.
Las personas que quedan exentos de la norma son periodistas, políticos y activistas opuestos al Gobierno.
La nueva ley permite la libertad condicional de quienes han cumplido la mitad de su pena, que quedarán sometidos a un periodo de prueba de tres años.
Los presos mayores de 65 años, las mujeres que viven con sus hijos pequeños en la cárcel y aquellos que están enfermos seguirán cumpliendo su pena en arresto domiciliario.
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