Desde que el Comité de la Organización de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada aseguró que los casos de desapariciones en México podrían ser considerados crímenes de lesa humanidad, las posturas en el país han dejado en evidencia la fractura institucional del Estado, misma que podría responder a la falta de justicia para las víctimas.
Y es que ante el documento que solicita que el caso sea llevado a la Asamblea General de la ONU, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) emitieron posicionamientos que se contradicen en cómo las autoridades deben o deberían actuar ante este caso.
La CNDH reitera que la desaparición forzada ha dejado de ser una política de Estado, por lo que difiere de las conclusiones del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada. #DefendemosAlPueblo pic.twitter.com/U6FkWkgOVs
— CNDH en México (@CNDH) April 4, 2026
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CNDH asegura que la ONU tiene información sesgada
En primer lugar, la comisión encabezada por Rosario Piedra Ibarra rechazó el informe al asegurar que la información está "sesgada", debido a que se privilegió la información del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
Asimismo, al igual que el Gobierno de México, señaló que el organismo no agotó las instancias nacionales antes de emitir las conclusiones, especialmente la de llevar el tema ante la Asamblea General.
"Debían de haberse agotado primero las instancias nacionales, además de que, en lugar de tomar en cuenta los esfuerzos institucionales, financieros y presupuestales que se han llevado a cabo por el Estado mexicano en los últimos 7 años, optó por atender la opinión sesgada de organizaciones como el Centro Prodh", se puede leer en el documento.
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Pese a lo anterior, sí reconoció que existieron violaciones graves en el pasado, especialmente en el periodo conocido como la Guerra contra el Narcotráfico; sin embargo, sentenciaron que no tiene nada que ver con una política del Estado las desapariciones.
CDHCM ve una oportunidad de mejorar las acciones del Estado Mexicano
En contraste, la comisión presidida por María Dolores González Saravia adoptó una postura con apertura, ya que consideraron que el informe en una oportunidad para fortalecer el diálogo interinstitucional y mejorar las acciones del Estado.
Ante lo cual, consideró que se tiene que mantener la cooperación técnica con instancias globales, así como incorporar a las familias de las víctimas en la búsqueda de soluciones.
México está rebasado por desapariciones; serían crímenes de lesa humanidad
Con más de cuatro mil 500 fosas halladas en México, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU advierte indicios de ataques sistemáticos y pide medidas internacionales.
"(...) la CDHCM valora esta oportunidad para encauzar una política integral de Estado que provea soluciones viables con un enfoque de derechos humanos y reafirma su compromiso de impulsar y aportar al fortalecimiento de las capacidades institucionales, atendiendo las causas estructurales", se pudo leer.
Ante esto, la falta de una postura unificada entre organismos de derechos humanos no solo evidencia tensiones políticas, sino también la urgencia de construir estrategias coordinadas que respondan a la dimensión real del problema que ya rebasa a las instituciones del país.
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