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California aplazó por tres meses la revocación de licencias que afecta a 17,000 inmigrantes

El estado de California aplazó el proceso de adjudicación de unas 17,000 licencias de conducir comerciales tras una demanda de organizaciones inmigrantes

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California anunció que aplazó por tres meses, es decir hasta marzo de 2026, la revocación de aproximadamente 17,000 licencias de conducir comerciales , una medida que busca dar más tiempo para revisar casos de inmigrantes y evitar que conductores que cumplen con los requisitos legales pierdan sus permisos de trabajo.

La decisión se produce una semana después de que grupos de defensa de migrantes presentaran una demanda colectiva, y en medio de fuertes presiones del Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT, Department of Transportation), que exige al estado cumplir con las normas federales sobre licencias comerciales.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, advirtió que California podría perder hasta 160 millones de dólares en fondos federales si no revoca las licencias antes del 5 de enero, plazo fijado por el gobierno federal. Parte de esos recursos ya fueron retenidos por supuestos incumplimientos relacionados con los requisitos de dominio del idioma inglés para conductores comerciales.

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Licencias comerciales y presión federal sobre California

El conflicto se originó tras una auditoría federal que detectó licencias vigentes pese a que algunos conductores ya no contaban con autorización migratoria válida o en casos donde no se pudo comprobar la verificación del estatus legal. Bajo ese escenario, California aceptó inicialmente avanzar con la revocación, aunque ahora optó por un aplazamiento temporal.

Desde el estado, las autoridades aseguraron que trabajan para cumplir con las exigencias del DOT y de la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (FMCSA, en inglés), que bloqueó en diciembre la reanudación de la emisión de nuevas licencias comerciales.

Organizaciones como la Coalición Sij celebraron la medida y señalaron que el retraso reduce el riesgo inmediato para miles de conductores y sus familias. En contraste, asociaciones del sector del transporte apoyaron los esfuerzos federales para retirar de las carreteras a conductores no calificados, mientras el debate sobre migración, seguridad vial y fondos federales sigue abierto.

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