Revisión de elegibilidad del SNAP: Estados pueden enfrentar nuevos recortes
Nuevas restricciones del SNAP ponen en riesgo a miles de residentes legales y encienden una batalla judicial entre estados y el gobierno federal.
La reciente revisión de la elegibilidad del SNAP ha encendido alarmas en todo Estados Unidos . El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, esencial para más de 42 millones de estadounidenses de bajos ingresos, enfrenta los mayores cambios en décadas tras la implementación de la llamada “Ley de una Gran y Hermosa Ley” (HR 1), aprobada por el presidente Donald Trump en julio de 2025.
🚨 USDA is proposing changes to strengthen stocking requirements for SNAP retailers. These changes would protect the program, participants, and taxpayers by mitigating fraud, waste, and abuse and ensuring additional healthy food options for recipient families.
— Dept. of Agriculture (@USDA) September 24, 2025
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Esta reforma proyecta un recorte histórico de $186 mil millones de dólares en 10 años, reduciendo en un 20% el alcance del programa que entrega un beneficio mensual promedio de $187 por persona.
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Una guía del USDA desata el conflicto
Como recuerda MSN , el punto más controvertido surgió el 31 de octubre de 2025, cuando el Departamento de Agricultura (USDA) publicó una guía polémica que restringe el acceso al SNAP para ciertos inmigrantes documentados, incluidos asilados y refugiados con residencia permanente.
Aunque la ley federal establece que estos grupos deben ser elegibles al obtener su tarjeta de residente y cumplir los requisitos generales, la nueva directriz podría dejar fuera a 90.000 personas al mes, generando una ola de preocupación y tensiones políticas.
El 26 de noviembre, una coalición de 22 fiscales generales presentó una demanda contra el USDA argumentando que la guía es “arbitraria y caprichosa” y que carece de autoridad legal para excluir a comunidades enteras.
La acción fue liderada por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, y respaldada por estados como California, Oregón y Massachusetts. La fiscal general de Massachusetts, Andrea Campbell, calificó la medida como “absolutamente cruel”, destacando su impacto en familias que dependen del programa para acceder a alimentos básicos.
Riesgo financiero para los estados
Más allá de la disputa federal, la guía amenaza con sanciones económicas a los estados que no la implementen de inmediato. En el caso de Nueva York, las multas podrían ascender a $1.2 mil millones de dólares.
Los gobiernos estatales también cuestionan el período de gracia de 120 días establecido por el USDA, que expiró apenas un día después de publicada la guía, y en medio de un cierre federal, complicando cualquier actualización de sistemas.
En Nueva York, más de 35.000 residentes legales permanentes podrían perder sus beneficios del SNAP, agravando la precariedad alimentaria en comunidades vulnerables. La demanda, actualmente en un tribunal de distrito en Eugene, Oregon, podría definir el futuro de millones de beneficiarios y la estabilidad de los programas estatales.
Nuevos requisitos laborales y mayores costos
La reforma también endurece las condiciones para los Adultos sin Dependientes (ABAWD), elevando el límite de edad de 54 a 64 años e imponiendo el requisito de 80 horas de trabajo mensual a padres con hijos de 14 años o más.
Por otro lado, elimina la capacidad de los estados para otorgar exenciones en zonas con alto desempleo. A partir de 2027, además, los estados deberán cubrir hasta el 75% de los costos administrativos y asumir parte del costo de las prestaciones si presentan altas tasas de errores de pago.
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