El 2026 se presenta como un año disruptivo y retador para el sector empresarial, principalmente por factores externos; la revisión del T-MEC y las políticas arancelarias de la presidencia de Trump se pueden identificar como los focos rojos principales, señalando que México es el principal socio comercial de Estados Unidos, lo que da fuerza negociadora.
A nivel interno, los empresarios solicitan certeza jurídica, seguridad, energía y agua para reactivar la inversión. Se ha establecido un diálogo con el gobierno para destrabar proyectos de inversión, con la prioridad de pasar de la distribución de riqueza a la reactivación económica.
El anuncio de 5.6 billones de pesos en proyectos de inversión mixta hasta 2030, de los cuales 722 mil millones son para este año y la mitad se destina a energía, es visto con buenos ojos. Estos proyectos, que incluyen infraestructura y diversos sectores, son cruciales dado que el gobierno no cuenta con recursos suficientes. Es fundamental detonar estos proyectos rápidamente, superando obstáculos de permisos que han trabado inversiones anteriores. La tarea del CCE es comunicar a empresas nacionales y extranjeras que ya es posible invertir en México, especialmente en generación de energía, un sector clave que ha impedido la llegada de otras inversiones. Aunque la política de energía mantiene un 54% estatal y 46% privado, la inversión mixta es atractiva porque la participación del gobierno puede ayudar a agilizar trámites.
