La situación de seguridad en México, caracterizada por la debilidad institucional y la percepción de que las acciones del gobierno son reacciones a presiones externas de Estados Unidos, especialmente en temas de migración, aranceles y la lucha contra el fentanilo y los cárteles.
Se critica la falta de una estrategia de seguridad nacional propia, ejemplificada por la expulsión de delincuentes y la militarización de fronteras como respuestas a las demandas de Trump.
Internamente, se discute la producción de fentanilo en México y la dominación territorial de los carteles.
A pesar de iniciativas como el “Plan Michoacán” o la coordinación con municipios, se señala la necesidad de descentralizar las estrategias y aprender de casos exitosos a nivel local, en lugar de replicar planes sin un análisis contextual.
Un punto central es la falta de confianza ciudadana en las autoridades, exacerbada por la corrupción. Se denuncia que la reforma judicial actual no ha abordado la procuración de justicia ni la policía de investigación, y que las instituciones anticorrupción han sufrido recortes presupuestarios, minando la legitimidad y la certeza jurídica.
Se concluye que las leyes en México a menudo no se implementan adecuadamente y que es crucial la participación ciudadana para exigir rendición de cuentas y revertir esta situación.
