México está por vivir un hecho inédito: las primeras elecciones judiciales en su historia. Por primera vez, la ciudadanía acudirá a las urnas para votar por jueces, magistrados y ministros. Pero, ¿qué significa realmente esta reforma? ¿Estamos frente a un avance democrático o ante una decisión precipitada con consecuencias graves para la impartición de justicia?
Hay quienes la consideran una oportunidad para acercar el poder judicial al pueblo. Pero muchos expertos, académicos y juristas la califican como una de las reformas más preocupantes y mal diseñadas en décadas. Algunos la describen, sin rodeos, como un “error histórico”.
La boleta electoral será extensa, compleja y confusa. Se votará por múltiples cargos altamente técnicos que la mayoría de los ciudadanos no conocen, con nombres de aspirantes que tampoco han sido parte de la conversación pública o profesional. En muchos casos, los candidatos no han presentado ni un solo examen que avale su conocimiento jurídico básico. ¿Cómo elegir, entonces, entre perfiles que no han demostrado preparación ni experiencia?
A esto se suma la incertidumbre sobre las reglas del proceso: aún no hay claridad sobre cómo se harán las campañas, qué criterios se usarán para la selección de los aspirantes y qué límites tendrá el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, una figura que concentrará poderes sin precedentes para sancionar a jueces y magistrados.
Esta reforma, presentada como un acto de justicia democrática, podría tener el efecto contrario: debilitar la independencia judicial, abrir la puerta a decisiones populares por encima del conocimiento técnico, y politizar el único poder que debería mantenerse neutral e imparcial.
¿Puede una elección popular mejorar el acceso a la justicia? ¿O estamos ante un experimento riesgoso en un momento de alta polarización? Lo que está en juego no es menor: la solidez de nuestro sistema judicial y la confianza ciudadana en que la justicia sea verdaderamente ciega, imparcial… y justa.
