Detienen a mujer de 30 años por abortar en Morelos

Elementos de la Policía de Investigación Criminal (PIC) detuvieron a una mujer de 30 años el delito flagrante de aborto en Morelos.

La detención se realizó el pasado fin de semana luego de recibir un reporte en la PIC por personal de Trabajo Social del hospital general “Dr. Mauro Belaunzarán Tapia” ubicado en el municipio de Cuautla, oriente del estado.

La Fiscalía General del Estado, informó que, de acuerdo con el reporte, al interior del hospital se encontraba un recién nacido sin vida de 27 semanas de gestación, por lo que al darle la atención médica a la madre del bebé de nombre Elvira “N”, manifestó haber ingerido vía oral y vaginal pastillas para interrumpir su embarazo.

“Derivado de los hechos narrados por la paciente, el personal médico del hospital general y médico legista, solicitaron la presencia de los agentes quienes ponen a disposición del Agente del Ministerio Público a Elvira “N”, por el delito agravante de aborto, quien por su estado de salud se encuentra en el hospital recibiendo atención médica, siendo custodiada por la Policía Morelos”, indicó la Fiscalía.

De acuerdo con el artículo 117 del Código Penal para Morelos podría permanecer en prisión entre uno a cinco años y hacerse a creadora a una multa de 20 a 200 Unidades de Medida y Actualización (UMA), a la madre embarazada que voluntariamente procure su aborto o consintiera que otro la haga abortar.

La sanción a que se refiere este artículo podrá sustituirse por tratamiento médico o psicológico, bastará que lo solicite y ratifique la indiciada, asimismo quedará sujeta a la ley y reglamentación de sustitución de penas por medidas alternativas.

La presidenta del Instituto de la Mujer Morelense (IMM), Flor Dessiré León Hernández, señaló que la Fiscalía General de Justicia demuestra “omisión” para cumplir los acuerdos internaciones que marcan que la perspectiva de género y el respeto a los derechos humanos se deben aplicar en todo proceso judicial de una interrupción del embarazo.

Grupos feministas condenaron el hecho y exigieron que se respete el debido proceso. Además reprocharon la actitud de Uriel Carmona Granada, fiscal estatal, al consentir la violencia institucional.

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lhp