Como parte de las acciones para proteger, garantizar e impulsar una cultura de respeto de los derechos humanos de la población LGBTTTI, la Procuraduría General de la República, en colaboración con organizaciones de la sociedad civil y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), elaboraron el Protocolo Nacional LGBTTTI, el cual fue aprobado en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia 2017.
Esto, debido a que, dentro de la violencia que se inflige en contra de personas de la comunidad LGBTTTI, se ha visto como variante que, algunas personas cometen actos impulsivos contra aquellos que ‘desafían las normas de género y atentan contra las manifestaciones de la sexualidad socialmente aceptada’.
El protocolo tiene la finalidad de garantizar el acceso a una justicia incluyente, igualitaria, eficaz y eficiente, por lo que se establecieron reglas de actuación que el personal deberá seguir cuando alguna persona de dicha comunidad, acuda ante una autoridad de procuración de justicia, ya sea federal o local.
Los principios que deben seguirse son los de respeto a la dignidad, igualdad y no discriminación, enfoque diferencial y especializado, protección de datos personales, libre desarrollo de la personalidad, no victimización secundaria, protección integral a los derechos, no criminalización y enfoque transformador.
Por esto, las instancias de procuración de justicia, deberá brindar atención de tipo psicológica individual y grupal a víctimas así como acompañamiento durante la toma de declaraciones, reuniones de trabajo relacionadas con los avances en investigaciones ministeriales, detección inmediata de necesidades psicosociales en las comunidades afectadas y vinculación a otras dependencias gubernamentales con la finalidad de contribuir a garantizar un tratamiento integral con servicios especializados.
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erv